Un pronunciamiento institucional remitido al presidente electo Abelardo de la Espriella formula observaciones sobre la libertad de prensa, la protesta social y la dirección de la Unidad Nacional de Protección.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió una comunicación oficial dirigida al gobierno entrante para exponer diversas inquietudes respecto al impacto que tendrían las recientes decisiones de la administración en materia de garantías fundamentales.

En el centro del pronunciamiento institucional se encuentra la idoneidad requerida para la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad para la cual fue designado el ibaguereño Didier Fabián Blanco, exgerente de la Gestora Urbana de Ibagué, excandidato a la Alcaldía de la capital tolimense y exaspirante a la Cámara de Representantes.

En su intervención, Marín Ortiz reconoció el marco legal que cobija a la Presidencia de la República para estructurar sus carteras, aunque enfatizó la necesidad de salvaguardar los derechos ciudadanos: «Si bien el presidente electo tiene la facultad constitucional para definir las políticas y la organización del gobierno, algunas de las propuestas que se han conocido a través de diferentes medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos en un contexto que ya es crítico en esta materia».

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Asimismo, la Defensora puntualizó las áreas específicas sobre las cuales el órgano de control ha fijado su atención e interpelación, haciendo énfasis en la dirección de la entidad encargada de los esquemas de seguridad en el país: «Las preocupaciones planteadas se relacionan con varios temas: las garantías para la libertad de expresión, prensa e información, para la oposición y la protesta social, la idoneidad e imparcialidad de la persona que asuma la dirección de la Unidad Nacional de Protección, la institucionalidad para los derechos humanos y la implementación del Acuerdo Final de Paz».

Frente a la adopción de nuevas medidas normativas, la funcionaria instó a entablar canales de diálogo directo entre los ministerios competentes y el organismo que lidera: «El propósito de esta comunicación es ofrecer elementos para prevenir retrocesos en materia de derechos humanos y contribuir a que las decisiones iniciales del nuevo gobierno gocen de la legitimidad necesaria dada por nuestro marco constitucional».

Finalmente, Marín reiteró la disposición de la entidad para acompañar el seguimiento de las políticas públicas de seguridad y protección: «Debemos trabajar conjuntamente en la protección de los derechos humanos y contribuir a mejorar la situación de nuestro país».