El mandatario afirmó que los decretos reglamentarios expedidos antes de la decisión continúan vigentes y advirtió sobre posibles impactos fiscales y sociales.

Bogotá, 29 de enero de 2026. El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se había declarado la Emergencia Económica y Social.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado señaló: «Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor», y agregó que su gobierno buscará evitar que los efectos de la coyuntura económica recaigan sobre la población.

En otro mensaje, el mandatario afirmó que «en el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país». Asimismo, precisó que la decisión de la Corte no tiene efectos retroactivos y que, por lo tanto, «se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad».

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La Corte Constitucional adoptó la medida por seis votos a favor y dos en contra, lo que permitió acoger la ponencia del magistrado Carlos Camargo, que ordena la suspensión provisional del decreto mientras la Sala Plena estudia de fondo su constitucionalidad.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su preocupación por la determinación del alto tribunal y sostuvo que la emergencia había sido declarada para atender una situación fiscal y financiera que, según el Gobierno, compromete el cumplimiento de obligaciones constitucionales.

El ministro afirmó: «El levantamiento de la Emergencia Económica termina generando una emergencia social. Esta decisión protege a los sectores más ricos y bloquea recursos que podían destinarse a la población que más los necesita». De igual manera, indicó que la suspensión del decreto limita las herramientas del Ejecutivo para responder a la coyuntura económica y podría afectar la financiación de programas sociales, la inversión pública y otras obligaciones del Estado.