Por: Nicolás Caballero
Cobrar por el uso de parqueaderos en los escenarios deportivos de Ibagué ha encendido el debate: ¿cómo garantizar el sostenimiento de la infraestructura sin ponerle barreras al acceso? Entre contratos, porcentajes desiguales y derechos ciudadanos, el reto es encontrar una salida justa para todos.

En Ibagué, la implementación del cobro por el uso de parqueaderos en el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la 42 ha abierto un debate que va mucho más allá de tarifas. Se trata de repensar el acceso al deporte como un derecho, no como un servicio condicionado.

Lo que más preocupa es la distribución del recaudo: según lo pactado, el 80% de lo que se recoja quedaría en manos del privado, mientras que apenas el 20% iría al IMDRI, el instituto que debe sostener los escenarios, apoyar a los clubes y garantizar que todo funcione. ¿Es justo este reparto cuando el terreno, la infraestructura y los usuarios pertenecen a lo público?

La administración de la alcaldesa Johana Aranda ha mostrado voluntad política de corregir el rumbo y de poner en el centro a los deportistas. Ella ha sido clara en que no permitirá que los jóvenes de Ibagué terminen pagando un precio que no les corresponde. Esa posición merece ser respaldada, pero también acompañada de decisiones jurídicas y contractuales que estén a la altura del compromiso.

Liquidar el contrato puede ser una salida popular, pero también arriesgada: hay compromisos firmados, posibles demandas, cláusulas de indemnización y una responsabilidad legal que no puede ser pasada por alto. Por eso es necesario explorar ajustes viables: tarifas diferenciales para deportistas federados, vigilancia real sobre el destino del recaudo, mecanismos de compensación social o participación del IMDRI en la gestión operativa.

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El punto no es oponerse a toda forma de cobro, sino a cualquier modelo que privatice los beneficios y socialice las cargas. Si los escenarios son públicos, el acceso debe ser justo, y la utilidad (si la hay) debe quedarse mayoritariamente en lo público.

Porque el verdadero “peaje” no debería ser económico, sino un compromiso compartido por mantener en alto el valor del deporte como motor social, educativo y comunitario.