De acuerdo con la sentencia, la corporación determinó que la institución clasificó el arma empleada como «menos letal» sin informar de manera suficiente sobre el riesgo de ocasionar lesiones mortales, lo que, según el fallo, impidió que el uniformado evaluara adecuadamente los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza.

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El Tribunal también señaló que las pruebas analizadas no evidenciaron un escenario de violencia que justificara el empleo de una fuerza con capacidad de causar la muerte. En ese contexto, indicó que el ejercicio del derecho a la protesta no puede dar lugar a afectaciones de derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana.

La decisión judicial estableció que Dilan Cruz participaba de manera legítima en la manifestación y consideró que el hecho de haber devuelto gases lacrimógenos no justificaba el uso de un arma con potencial letal. Asimismo, descartó una concurrencia de culpa por parte del manifestante.

Como parte de las medidas de reparación, el Tribunal ordenó incrementar las indemnizaciones reconocidas a los familiares por perjuicios morales y dispuso que el comandante de la Policía Nacional realice un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y presente disculpas a la familia de Dilan Cruz.