Por: Miguel Bermúdez Jaime

En agosto de 2024 la administración de Johana Aranda anunció la adjudicación del contrato SETP-SAMC-061-2024 por cerca de 9.000 millones de pesos para modernizar 630 semáforos de la ciudad. Dos años después, el balance es agridulce: hay nueva infraestructura instalada, pero la ciudad todavía no tiene luz verde completa. En varias intersecciones, los semáforos viejos siguen en pie junto a los nuevos, y mientras dure esa convivencia, puede confundir a conductores y peatones.

La alcaldesa ha explicado en medios que esa coexistencia hace parte del plan y que el desmonte llegará solo cuando toda la red nueva esté operando. Pero hay una pregunta que la administración no ha respondido con claridad: ¿El desmonte de los semáforos antiguos estaba incluido en el valor pactado del contrato, o la ciudad tendrá que contratar aparte los equipos, el personal y los técnicos para retirarlos? Si es lo segundo, estaríamos ante un costo adicional que los ibaguereños no sabían que iban a asumir.

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Y si ese desmonte termina contratándose por separado, los entes de control deberán revisar que se haga conforme a la ley. Las reglas de contratación pública existen justamente para que un mismo proyecto no se divida en contratos más pequeños y así esquive los procesos y controles que le corresponden.

A esto se suma que el proceso ya está bajo la lupa de la Personería y la Procuraduría por una denuncia de la Unión Temporal Ciudad Inteligente 2024, uno de los oferentes. La denuncia señala una presunta falsificación de certificaciones de experiencia para direccionar la licitación a favor de la Unión Temporal Ibagué Smart City, actual contratista.

Son señalamientos que deben ser investigados y que no han sido probados. Como las actuaciones disciplinarias suelen ser reservadas en esta etapa, lo pertinente es exigir que la administración y los entes de control informen públicamente en qué va el proceso, sin esperar a que la ciudadanía siga especulando.

Por transparencia con los ibaguereños, la administración municipal debería responder tres preguntas concretas: ¿El desmonte de los semáforos viejos está incluido en el valor pactado del contrato? Si no lo está, ¿Con qué presupuesto y bajo qué modalidad se contratará? ¿Y cuál es el estado actual de las denuncias ante la Personería y la Procuraduría? Por eso le pido al Concejo de Ibagué que cite un debate de control político sobre este contrato y a la Contraloría que adelante una revisión técnica y financiera del proceso.

Aviso: Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor y no comprometen el pensamiento editorial de Enfoque TeVé 360. Abrimos este espacio como un ejercicio de libre expresión y pluralidad.