La jefe del organismo de control municipal, Francy Johanna Ardila Salazar, lamentó los dos últimos suicidios y exige soluciones urgentes al problema de salud mental que se presenta en la capital tolimense.

Tras los lamentables sucesos ocurridos el pasado martes 6 de junio en el que nuevamente se vio involucrado el puente de la variante, la jefe del ente de control hace un recuento de las acciones legales que ha emprendido desde la Personería, en procura de que las entidades responsables implementen medidas, adecuaciones técnicas y mecanismos de disuasión, que impidan que quienes se acerquen a la estructura puedan materializar sus pensamientos autodestructivos.

Por medio de un documento, la personera de Ibagué solicitó al Consejo de Estado el trámite de sentencia anticipada, en el caso de la Acción Popular que instauró desde el año 2021, con el fin de salvaguardar la existencia de quienes con ideación suicida se acercarán al “Puente de la Vida”.

“Como personera el 25 de marzo 2021 presenté ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Tolima una acción popular para la instalación de elementos de seguridad que impidan que las personas que tienen ideación y comportamiento suicida logren su cometido, este medio de control estuvo motivado por la gran cantidad de situaciones asociadas al suicidio que se han presentado en el puente de la Variante. Las entidades accionadas fueron la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la sociedad App Gica y el municipio de Ibagué”, afirmó Francy Johanna Ardila Salazar.

Por otra parte, recordó que el 26 de enero 2023 el Tribunal Administrativo del Tolima, amparó los derechos colectivos y falló declarando responsables a las entidades demandadas, ordenando que el municipio de Ibagué, la ANI y la App Gica, entre otros aspectos de singular importancia, deben adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de los ibaguereños que transitan en este puente.

“Una de las principales motivaciones en procurar el amparo de los derechos colectivos se orientó, en que considero que desde la institucionalidad debemos agotar todos los elementos jurídicos y técnicos que tengamos a la mano para preservar la vida, para proteger a nuestros ciudadanos y para ser más llevadera la vida en sociedad y esto es precisamente lo que pretendo con este documento que en consideración a la aplicación del derecho humanitario con fundamento en las excepciones al derecho de turno se imprima un trámite especial a este proceso. Que permita que sea resuelto con suma prioridad”, añadió.

Por último, la jefe del órgano de control expresó que el puente de la Variante se ha convertido en un referente nacional para quienes quieren atentar contra su vida.

“Esta acción popular busca la instalación de elementos disuasivos al lado y lado para quienes pretendan acabar o atentar contra su propia integridad, esperamos que el honorable Consejo de Estado confirme la decisión de primera instancia y se logre garantizar los derechos colectivos que han sido vulnerados en este punto de la ciudad”, puntualizó.