La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República recibieron copia de la solicitud para que ejerzan control preventivo y fiscal sobre estos procesos contractuales tramitados por la administración saliente del presidente Gustavo Petro.

El ministro de Justicia y del Derecho designado, Iván Alfonso Cancino González, solicitó con carácter urgente suspender la decisión sobre 48 procesos contractuales en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). La cifra en juego supera los $6.402 millones, por lo que la nueva administración exige auditar los documentos antes del traspaso de mando programado para el próximo 7 de agosto.

Mediante una carta dirigida a César Palomino Cortés, director general de la ANDJE, Cancino formalizó la petición actuando en representación del presidente electo, Abelardo de la Espriella, dentro del marco del proceso formal de empalme.

El motivo de la alerta radica en que el Comité de Contratación de la entidad planeaba evaluar en una sola sesión este paquete de contratos, cuyo monto se divide en:

$4.379.920.479 asignados al presupuesto actual.

$2.022.613.977 destinados a comprometer vigencias futuras.

Las contrataciones afectan áreas clave como la Dirección de Defensa Jurídica Internacional (26 procesos), la Dirección de Gestión de la Información (5 procesos), además de dependencias de Sistemas, Planeación, Control Interno y la Secretaría General.

Cuestionamientos sobre la conveniencia y riesgo de fraccionamiento

Si bien Cancino reconoció que el gobierno saliente mantiene sus facultades legales hasta el último día de mandato, cuestionó abiertamente la pertinencia de tomar decisiones de tal envergadura a escasos días del relevo presidencial:

«Llamamos la atención sobre la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional de adoptar decisiones de esta magnitud y en este número a escasos días de culminar la administración, particularmente cuando comprometerían recursos públicos de largo plazo y obligaciones que deberá ejecutar la administración entrante», señaló en la misiva.

En consecuencia, el ministro designado planteó tres exigencias puntuales a la ANDJE:

Aplazamiento inmediato: Suspender la adjudicación o aprobación de los 48 procesos (o de la totalidad de los evaluados en dicha sesión) hasta que el equipo de empalme los analice.

Entrega de información detallada: Remitir en un plazo máximo de tres días la lista completa de procesos, objetos, cuantías, modalidades de selección, disponibilidades presupuestales y estudios previos.

Revisión de contrataciones: Informar si existen contrataciones fraccionadas o vinculadas entre sí con proveedores recientes, advirtiendo sobre el «riesgo de fraccionamiento que puede derivarse de someter un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión».

Copias a organismos de control

Para garantizar el seguimiento formal de esta alerta, la solicitud fue remitida con copia a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, con el fin de que ejerzan sus competencias de control preventivo y fiscal sobre los recursos involucrados.