Documentación fraudulenta, permanencia irregular y requerimientos judiciales son las principales razones de estas acciones registradas en los primeros 4 meses.

Migración Colombia informó que en lo corrido de 2026 se han registrado 310 casos de deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros por infringir normas migratorias o representar riesgos para la seguridad nacional, el orden público y la convivencia ciudadana.

Las principales causales de estas medidas incluyen el uso de documentación fraudulenta, el desarrollo de actividades no autorizadas, irregularidades en el ingreso o permanencia en el país, así como requerimientos de autoridades judiciales, Interpol o gobiernos extranjeros.

«Estas acciones hacen parte de la Política de Seguridad Humana impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, orientada a la protección de la vida y la convivencia en el territorio nacional», señala el boletín de prensa de Presidencia.

De los casos registrados, 157 corresponden a deportaciones, principalmente asociadas a irregularidades migratorias. Estas se concentraron en regiones como Nariño (51 casos), Oriente (24), Atlántico (19), Eje Cafetero (17), Antioquia (16) y la Regional Andina, que incluye Bogotá, con 14 casos.

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«Migración Colombia completó 310 casos de ciudadanos extranjeros deportados o expulsados en 2026 por infringir normas migratorias y/o representar un riesgo para la convivencia ciudadana en el territorio nacional. En este Gobierno somos contundentes a la hora de garantizar la seguridad nacional y el orden público, y en ese sentido se aplican estos procedimientos administrativos, respetando siempre los derechos y el debido proceso de las personas», afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

En cuanto a las expulsiones, se reportaron 153 casos, principalmente en las regionales Oriente (57), Andina (23), Antioquia (19), Nariño (12) y el Aeropuerto El Dorado (12), por conductas que afectan la seguridad, la salubridad y la tranquilidad social.

La entidad precisó que, aunque ambas medidas implican la salida del país, la deportación sanciona irregularidades migratorias con prohibiciones de ingreso entre seis meses y diez años, mientras que la expulsión es una decisión administrativa más estricta, sin recurso y con una restricción mínima de cinco años.

Según los registros, la cifra de 2026 mantiene la tendencia del año anterior, cuando se reportaron 1.652 casos de deportaciones y expulsiones a nivel nacional, con una alta concentración en Bogotá y la región Andina.