Política
La izquierda, entre la desobediencia y la incoherencia
Por: Juan Esteban Espinel Díaz
La democracia tiene una regla elemental, quien gana gobierna y quien pierde ejerce oposición. Esa premisa, sencilla pero esencial, es la que garantiza la estabilidad institucional y la convivencia política. Por eso resulta profundamente preocupante que algunos sectores de la izquierda colombiana, acostumbrados a exigir respeto absoluto por las instituciones cuando les favorecen, hoy recurran al discurso de la desobediencia civil cuando el panorama electoral ya no les resulta favorable.
Durante cuatro años, el país fue gobernado por un proyecto político que prometió el cambio, pero que, a juicio de millones de colombianos, terminó representando frustración, improvisación y una profunda pérdida de confianza en las instituciones. Las promesas de transformación quedaron opacadas por permanentes escándalos de corrupción, denuncias sobre el manejo de los recursos públicos, confrontaciones constantes con los demás poderes del Estado y un ambiente de incertidumbre que afectó la inversión y el crecimiento económico.
Mientras el Gobierno insistía en discursos ideológicos, Colombia enfrentaba un deterioro económico que golpeó especialmente a las familias. La inflación alcanzó niveles que redujeron el poder adquisitivo de los hogares, los alimentos y los servicios básicos se encarecieron, la inversión privada perdió dinamismo y miles de empresarios aplazaron proyectos ante la incertidumbre generada por las decisiones gubernamentales. Aunque parte de estas dificultades también obedecieron a factores internacionales, resulta imposible desconocer que muchas decisiones internas profundizaron la desconfianza y frenaron el desarrollo.
A ello se sumó un Estado cada vez más burocrático, con un crecimiento del gasto público que no siempre se tradujo en mejores resultados para los ciudadanos. Mientras millones de colombianos hacían sacrificios para sostener sus hogares, el aparato estatal continuó expandiéndose y los privilegios de buena parte de la clase política permanecieron intactos.
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Lo paradójico es que quienes durante años exigieron respeto irrestricto por las reglas democráticas ahora parecen dispuestos a desconocerlas cuando los resultados no les favorecen. Convocar a la desobediencia civil porque se perdió una elección no fortalece la democracia; por el contrario, erosiona la legitimidad de las instituciones y envía un mensaje peligroso, que solo son válidas las reglas cuando permiten alcanzar el poder.
Si realmente consideran ilegítimo el sistema institucional del que hoy hacen parte, la coherencia exige algo más que discursos incendiarios. Quienes llaman a desconocer las instituciones deberían comenzar por renunciar a los privilegios que esas mismas instituciones les otorgan. Los generosos salarios, las unidades de trabajo legislativo, los esquemas de seguridad, los vehículos oficiales, los viáticos y las demás prerrogativas derivadas de los cargos de elección popular existen precisamente porque la democracia reconoce la legitimidad de esos espacios de representación.
No resulta consistente invitar a la ciudadanía a desconocer el orden institucional mientras se continúa disfrutando de todos los beneficios que ese mismo orden proporciona. No se puede deslegitimar el sistema desde la comodidad de un escaño financiado por los contribuyentes.
La democracia no exige que todos pensemos igual, exige que aceptemos las reglas del juego, especialmente cuando el resultado no coincide con nuestras expectativas. Quien hoy promueve la desobediencia porque perdió, mañana difícilmente podrá exigir respeto por las instituciones si vuelve a ganar.
La verdadera coherencia democrática consiste en defender las reglas incluso cuando no nos benefician. Todo lo demás es oportunismo político disfrazado de resistencia.
