Además, la congresista argumenta que hay un supuesto despilfarro frente a la reposición de votos.

La representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, insiste en la presunta inhabilidad del senador Iván Cepeda para participar en una nueva consulta interpartidista del Pacto Histórico. Según Miranda, esta maniobra no solo viola las normas electorales, sino que implicaría un exorbitante gasto para el Estado colombiano, estimado entre 30.000 y 40.000 millones de pesos en reposición de votos.

En la entrevista, capturada en video y difundida por el medio El Colombiano, Miranda explicó con detalle los motivos de su denuncia: «Sencillo, porque él ya participó en la consulta del 26 de marzo donde se hizo una consulta entre diferentes partidos políticos y salió ganador, pero adicionalmente hubo una importante reposición de votos por esa consulta».

La congresista enfatizó que el Pacto Histórico pretende realizar una nueva consulta interpartidista en la que participaría Cepeda, quien ya habría agotado su derecho al haber competido previamente.

Miranda no escatimó en críticas, argumentando que Cepeda «no tendría derecho a participar nuevamente en otra consulta interpartidista porque ya lo hizo», y advirtió sobre los «gastos exorbitantes» que esto acarrearía.

«Esto implicará una reposición de votos de alrededor de 30.000 a 40.000 millones de pesos. Un gasto mayor para el Estado colombiano, un desgaste mayor para la democracia, pero sobre todo no se puede hacer consulta tras consulta antes de participar», afirmó la representante.

Esta denuncia surge en el contexto de las consultas interpartidistas de marzo pasado, donde Cepeda resultó vencedor, lo que le otorgó acceso a fondos públicos para reposición de votos.

Ahora, con la intención del Pacto Histórico de repetir el proceso, Miranda sostiene que se trata de un intento de duplicar beneficios electorales, lo cual podría erosionar la confianza en las instituciones democráticas y representar un derroche innecesario de recursos públicos en tiempos de apreturas fiscales.

La polémica ha generado reacciones divididas en redes sociales, con algunos usuarios apoyando la posición de Miranda y otros defendiendo a Cepeda, argumentando que se trata de estrategias legítimas dentro del marco legal.

Las declaraciones de la representante Katherine Miranda: