La mujer habría omitido lo reportado por los médicos y vecinos respecto al estado de salud de la pequeña de 3 años asesinada, torturada y violada en Armero Guayabal

El Juzgado Penal del Circuito del Líbano (Tolima) dictó sentido de fallo condenatorio en contra de la excomisaria Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, por los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, debido a las irregularidades que la Fiscalía detectó en el proceso de protección de una menor de 3 años, la cual falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo en el 2017.

La niña se encontraba bajo custodia de sus padrinos, con el aval de la hallada culpable, luego de ser entregada por su madre quien adujo no contar con los recursos económicos suficientes para mantenerla.

Un despacho seccional del mencionado municipio que conoció la investigación, logró determinar que la exfuncionaria no cumplió con sus funciones al no garantizar, proteger ni reparar los derechos de la menor.

Hechos

La comisaria suscribió un acta de custodia solidaria para dejar a cargo de los padrinos a la niña. No obstante, este no era el procedimiento adecuado, pues no se trataba de un asunto conciliable. Además, debió haberse apoyado en otras entidades o figuras solidarias; buscar familia extensa o un hogar sustituto y asegurar así su protección, pues no se revisó jamás cuál era la situación de los padrinos ni su entorno familiar.

Meses después de que la pareja quedó con su custodia, la pequeña ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron, además, que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue informado debidamente a las autoridades competentes, entre ellas a la comisaria García Rodríguez.

Poco después se reportó el detrimento del estado de salud de la menor de edad, pero se logró comprobar que nunca acudió a verificar su situación, posteriormente la niña murió.

Es de recordar que Edilberto Rojas Torres y Ángela Johana Guerra Urueña, padrinos de Sarita, están detenidos desde el 4 de mayo de 2017.

En su momento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia de la magistrada Julieta Isabel Mejía Arcila confirmó la condena ellos por el crimen de ‘Sarita’, la niña abusada, torturada y asesinada en Armero–Guayabal, que falleció el 22 de abril de 2017.

Ángela Johana Guerra Urueña, deberá permanecer 39 años y ocho meses por los delitos de tortura agravada, y homicidio agravado del que fue víctima Sara Ayolina Salazar Palacios con escasos tres años de edad.

Mientras que a Edilberto Rojas le fue ratificada la condena de 13 años por el delito de tortura agravada en su condición de garante.

En el caso de la mujer, es de recordar que fue absuelta por la conducta punible de acceso carnal violento agravado.