Judicial
El INPEC en la lupa de la Procuraduría por la crítica situación de salubridad en el COIBA
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En bolsas, baldes y otros sitios no acondicionados, estarían realizando las necesidades fisiológicas los 4.703 reclusos de la cárcel de Picaleña de Ibagué.
La Procuraduría General de la Nación ofició a Jorge Luis Ramírez Aragón, director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué Picaleña (COIBA), para que ejecute de inmediato las acciones que den solución a las precarias condiciones en que viven los reclusos del centro carcelario.
El Ministerio Público informó sobre la solicitud que hizo a los directores generales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), así como a la directora de la Regional Viejo Caldas del INPEC.
Asimismo, señalaron que estas problemáticas fueron expuestas por los representantes de derechos humanos de las PPL, quienes revelaron que gran parte de las baterías sanitarias se encuentran dañadas, razón por la que deben realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden.
Por otra parte, explicaron las denuncias que dan cuenta que existe un pabellón donde residen 293 reclusos, que solo cuentan con dos sanitarios y dos orinales que funcionan a media marcha. Además, de los continuos problemas de bombeo de agua y racionamiento que también afectan al pabellón de mujeres, en donde desde hace más de un año no tienen agua corriente para suplir sus necesidades básicas.
De igual manera, se conoció que los reclusos que padecen patologías de origen gastrointestinal deben permanecer hasta un día completo sin cambiar sus bolsas de colostomía, pañales y, muchas veces, la ropa.
Por último, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué sostuvo que una consecuencia de la situación de insalubridad advertida en visita del 29 de agosto de 2022 al complejo carcelario, requirió al INPEC y a la USPEC realizar una inspección para identificar, cuantificar y priorizar la atención de los daños que presenta en materia de acueducto y alcantarillado.