A pesar de la cruda realidad de quienes se dedican a defender los derechos humanos, hubo una disminución del 16% a comparación con el 2022.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, revela un panorama de riesgo, amenaza e inseguridad para quienes están dedicados a promover y proteger los derechos de las comunidades, teniendo en cuenta que durante el 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales en Colombia; 160 hombres y 21, mujeres.

“Es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Aunque el informe de la Defensoría deja en evidencia la descarnada realidad que padecieron el año pasado quienes se dedican a preservar los derechos de las comunidades, particularmente en las regiones donde arrecia el conflicto armado interno, hubo una disminución del 16% en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 215 casos; asesinadas entonces 34 personas menos en 2023.

De acuerdo al informe, los sectores sociales más afectados fueron el comunal (37 homicidios), indígena (37), comunitario (36), campesino (13), afrodescendiente (10), víctima (9), OSIGD-LGBTIQ+ (7) y el de activistas de DD. HH. (7).

Abril con 19 crímenes, junio y julio 18 cada uno, diciembre y marzo 17 cada uno, fueron los meses con el mayor registro de asesinatos contra estas personas.

“Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro. Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención y garantías para quienes defienden los derechos humanos”, enfatizó el defensor del pueblo.

Del mismo modo, el informe anual de homicidios, revela que los 181 crímenes se presentaron en 123 municipios, en 25 departamentos.

De otro lado, en Cauca con 36 casos, Antioquia 21 y Nariño con 17 fueron los departamentos donde hubo más homicidios, es decir, 74, lo que representa el 41% del dato global.

Les siguieron Valle del Cauca 15 homicidios, Córdoba 10, Putumayo 9, Norte de Santander 7, Arauca 7, Bolívar 7 y Bogotá 6.

“La institucionalidad debe aumentar sus esfuerzos para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad. Es apropiado optar por estrategias focalizadas en Cauca, Antioquia y Nariño, sobre todo, en los municipios donde hubo una mayor cantidad de homicidios. También hay que contemplar un trabajo fuerte en los lugares donde los actores armados ilegales se disputan los corredores estratégicos de economías ilícitas”, indicó Carlos Camargo.

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Al hacer la sumatoria de los últimos ocho años, entre el 2016 y el 2023, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 1294 líderes asesinados en el país: durante el 2016, 133; en el 2017, 126; en 2018, 178; para el 2019, 134; al año siguiente, en 2020, 182; para el 2021, 145; durante el 2022, 215, y el año pasado, 181.

Por último, el defensor hizo un llamado colectivo a las entidades del orden nacional, a los nuevos mandatarios municipales y departamentales, a las fuerzas de seguridad del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional y a cada ciudadano:

“Trabajemos unidos e incansablemente en la protección de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. Solamente juntos podremos construir un futuro en el que la defensa de los derechos sea una labor segura y respetada”, puntualizó.