Una controversia política y ambiental se desarrolla en el departamento de Tolima tras la entrada en vigencia de un acuerdo municipal en Cajamarca que declara de utilidad pública 33 predios vinculados a la empresa AngloGold Ashanti. La medida ha generado posiciones encontradas entre colectivos ciudadanos y la administración departamental.

El representante a la Cámara electo Renzo García solicitó a la gobernadora Adriana Magali Matiz no objetar la decisión adoptada por el Concejo Municipal. Según indicó, el acuerdo es resultado de una iniciativa respaldada por firmas ciudadanas y advirtió que cualquier intento de frenar su aplicación podría ser interpretado como un «ataque a la democracia» y una «defensa de los intereses de las multinacionales mineras».

Por su parte, la Gobernación del Tolima informó que el acuerdo se encuentra vigente y cuenta con presunción de legalidad, al haberse cumplido los plazos sin objeciones formales. No obstante, la mandataria departamental señaló que es su potestad solicitar actuaciones adicionales para establecer un “cierre legal definitivo” frente a este proceso.

Le puede interesar: El aroma de la reconciliación: Café de Icononzo se abre paso como símbolo de paz y desarrollo

La gobernadora también manifestó que su posición busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico, indicando que la minería legal y responsable puede ser una fuente de empleo e ingresos para la región. Esta postura contrasta con la de sectores ambientalistas, quienes han expresado preocupación por posibles escenarios futuros de explotación en el territorio.

El caso adquiere relevancia en el contexto nacional debido a antecedentes como la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017. Analistas consideran que lo que se defina en torno a estos predios podría sentar un precedente sobre las competencias de los municipios frente a actividades mineras y la política minero-energética del país.

La situación continúa en desarrollo, mientras se esperan definiciones jurídicas y administrativas que permitan establecer el alcance del acuerdo y sus efectos en el territorio.