En concepto enviado a la Corte Constitucional, el ente de control fiscal señaló que el Ejecutivo disponía de vías presupuestales ordinarias frente a la emergencia por el sismo de Chocó, pero la falta de liquidez en la UNGRD limitaba su capacidad operativa inmediata.

La Contraloría General de la República remitió un informe técnico a la Corte Constitucional en el marco de la revisión del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica tras el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La respuesta atiende la solicitud del magistrado ponente sobre la suficiencia y disponibilidad de las herramientas financieras ordinarias antes de recurrir a facultades extraordinarias.

En su pronunciamiento, el organismo fiscalizador explicó que el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996) autoriza traslados, créditos y adiciones presupuestales con fuentes de financiación verificables. Sin embargo, advirtió que, aunque tales figuras legales estaban al alcance del Ejecutivo, el alto nivel de compromisos previos en las partidas estatales reducía notablemente el margen de maniobra fiscal.

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Como ejemplo de esta limitación, el documento subrayó la situación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que registraba el 99,8 % de sus recursos asignados y comprometidos en otras obligaciones, escenario que restringía su capacidad inmediata para asumir el impacto del desastre con instrumentos convencionales.

El ente de control aclaró que su concepto no constituye una postura conjunta con la Casa de Nariño ni con el Ministerio de Hacienda, sino un balance técnico-financiero para que el alto tribunal evalúe si la medida cumplió los criterios de necesidad, proporcionalidad y suficiencia previstos en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.

La decisión definitiva sobre la exequibilidad de la declaratoria quedará en manos de la Corte Constitucional.