“Consumidores somos todos”

Por: Camilo Ernesto Ossa

“El Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses”. Palabras de John F. Kennedy en el Congreso de los Estados Unidos el 15 de marzo de 1962.

Y hoy en día, valga la pena decir, con más pertinencia que nunca, que la conquista de los derechos del consumidor no ha sido fácil, como no lo ha sido la conquista de ninguno de los derechos sociales en la historia. Pero en particular quiero resaltar, en este momento de crisis, que nosotros los consumidores, gracias a esta longeva batalla contamos con la existencia de la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor-, que es una enorme herramienta jurídica de contenido social, que rescata la promoción de este derecho tan importante para alcanzar la equidad, algo necesario en este momento de exacerbación de realidades en los cientos de miles de hogares colombianos que ven con dificultad el paso de los días y la escasez de los ingresos.

Hemos visto en los últimos días quejas reiteradas por parte de los ciudadanos frente a una posible alza injustificada en los precios de algunos bienes y servicios. Práctica que rechazamos a todas luces porque, entre otras cosas, es una herramienta para ensanchar la desigualdad en nuestra sociedad, sin embargo, también hay que decir que los instrumentos están dados en la ley y, producto justamente de esa batalla por conquistar derechos, tenemos instituciones encargadas de inspeccionar, vigilar y sancionar la especulación y el acaparamiento en todos los bienes y servicios, pero en especial en los de la canasta básica familiar. Por un lado, la Superintendencia de Industria y Comercio directamente ó por intermedio de sus casas del consumidor, pero por otro, en cada jurisdicción, en cada territorio, la ley le dió la competencia a los Alcaldes, los cuales tienen funciones de inspección, vigilancia y control y pueden imponer sanciones a quienes incurran en esta práctica ilegal o en su caso adelantar las investigaciones y trasladarlas al Superintendente de industria y Comercio para que sea él quien imponga la sanción.

Si de avanzar en derechos de contenido social y económico se trata, sea esta una oportunidad para que el Alcalde adelgace un poco la brecha de la desigualdad, constituya una oficina de protección al consumidor y vigile los precios de los productos apoyado en las ligas de cosumidores, las cuales, en Ibagué, están constituidas desde el año 2018. Y, aprovechando este camino, en apoyo con el Gobierno Nacional, se le dé a la ciudad de Ibagué un laboratorio de pesas y medidas que le permita al ciudadano de a pie saber que lo que está comprando mide lo que dicen que mide y pesa lo que dicen que pesa. Esto avanzar en la promoción de los intereses de todos.