Choque de versiones entre Ana María Vesga y Guillermo Alfonso Jaramillo por cuentas fiscales y presunta corrupción

El informe de la actual administración advierte sobre un desfase de $2,9 billones y proyectos sin soporte, mientras el exministro atribuye los hallazgos a trámites ordinarios de caja y señala a la nueva cartera de frenar inversiones territoriales.

El relevo en el Ministerio de Salud y Protección Social desató un duro enfrentamiento institucional y político entre la nueva ministra Ana María Vesga, y su antecesor, Guillermo Alfonso Jaramillo. La controversia gira en torno al estado real de las cuentas del sector, la suspensión de contrataciones clave y una denuncia penal en la Fiscalía por presuntas exigencias de sobornos a nombre de la actual titular de la cartera.

Los hallazgos de la administración entrante

El detonante fue el balance presentado por Presidencia y el Ministerio de Salud tras su primer mes de gestión. Según el reporte oficial del 7 de septiembre, la Contraloría emitió una opinión contable negativa sobre la vigencia 2025 y no feneció la cuenta fiscal de la entidad. Entre los puntos más críticos señalados por el equipo de Vesga destacan:

Desfase presupuestal: En un rubro de $4,4 billones, aunque se comprometieron $4,3 billones, solo $1,3 billones contaban con orden de pago y giro efectivo, dejando una diferencia de cerca de $2,9 billones sin obligar.

Proyectos sin registro: Tras la revisión de 28 resoluciones por más de $490.000 millones, la cartera detectó que 108 de los 176 proyectos examinados (equivalentes a $365.604 millones) no tenían registro presupuestal, en su mayoría destinados a infraestructura hospitalaria.

Medidas de choque y denuncia penal: Ante este panorama, el Ministerio suspendió temporalmente contrataciones y convenios. A su vez, radicó una denuncia en la Fiscalía por audios en los que terceros exigían coimas del 8 % (5 % para Vesga y 3 % para su equipo), cobros que la ministra desmintió rotundamente, advirtiendo que responderán ante la justicia quienes usaron su nombre indebidamente.

La defensa de Jaramillo y los reclamos al nuevo equipo

Frente a estos señalamientos, el exministro Jaramillo respondió públicamente argumentando que los cuestionamientos responden al desconocimiento del ciclo presupuestal y no a irregularidades de fondo:

Tiempos de caja y control: Aseguró que las observaciones de la Contraloría ya estaban cobijadas por un plan de mejoramiento firmado el 30 de julio y en ejecución desde el 1 de agosto. Explicó que los $2,9 billones sin obligar dependían del aval del Plan Anualizado de Caja (PAC) por parte de Hacienda, trámite ordinario previo al desembolso de recursos debidamente sustentados para la red hospitalaria.

Alerta en los territorios: Respecto a los $365.604 millones, sostuvo que la falta de registro obedece a que la nueva administración interrumpió de manera arbitraria el proceso tras rechazar el empalme, poniendo en riesgo obras vitales, incluso en zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto. Por ello, instó a mandatarios locales y gerentes hospitalarios a vigilar que estos giros no sean revocados ni desviados.

Foco en las investigaciones: Jaramillo también respaldó la intervención rápida de la Fiscalía, subrayando la gravedad de que en las primeras semanas del nuevo mandato surjan señalamientos sobre cobros indebidos en el entorno ministerial.

Con ambas posturas sobre la mesa, la controversia queda sujeta a la verificación técnica de las finanzas públicas y al avance de las investigaciones judiciales que deberán esclarecer tanto el rigor de la ejecución presupuestal como el origen de las presuntas comisiones.