El ente de control advierte que, por tercera vez, el municipio no ha garantizado los aportes pese a las obligaciones legales vigentes.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Provincial de Instrucción en Ibagué, reiteró un requerimiento formal a la alcaldesa Johana Aranda y al secretario de Desarrollo Social del municipio, ante el persistente incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la atención integral a las víctimas del conflicto armado, en especial la entrega de ayudas humanitarias inmediatas (AHI).

El órgano de control alertó que esta es la tercera vez que se dirige a la Administración Municipal para exigir acciones concretas, tras evidenciar que desde finales de 2024 no se han brindado las ayudas que por ley les corresponden a las personas en situación de vulnerabilidad derivada de hechos victimizantes.

Según la información suministrada por representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y verificada en el sistema Ciprat, el municipio no cuenta con contrato o convenio vigente que permita ejecutar estas ayudas. Esto representa un incumplimiento directo de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y su reciente reforma mediante la Ley 2421 de 2024.

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La Procuraduría recordó a las autoridades locales que tienen la responsabilidad de garantizar los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para la implementación efectiva de planes y programas de prevención, protección, reparación integral y garantías de no repetición, así como de los mecanismos de la justicia transicional.

Finalmente, el ente de control insistió en la urgencia de corregir esta omisión administrativa que afecta directamente los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, una de las poblaciones más vulnerables del país.