Por: Luis Felipe Campos Cárdenas

Desde Ibagué se ven, esta semana, dos imágenes que cuentan la misma historia. Una llega en camiones: las primeras toneladas de materiales que hoy empezaron a repartirse en Quibdó para reparar viviendas averiadas por el terremoto del 10 de agosto. La otra llega en humo: la columna que se levanta sobre la doble calzada hacia El Espinal, mientras los bomberos de medio país intentan contener un fuego que ya devoró cerca de 20.000 hectáreas en el Tolima.

Una emergencia que vino del suelo y otra que vino del aire caliente. Un departamento que carga con un abandono histórico y otro que se creía a salvo. Y en ambos casos la misma pregunta incómoda: ¿estamos respondiendo como sociedad, o solo estamos reaccionando?

Lo que sí hicimos bien

Conviene empezar por ahí, porque es cierto y porque suele olvidarse. La solidaridad colombiana volvió a funcionar antes que cualquier acta. En Chocó, buena parte de la ayuda que llegó en los primeros días se movió por fuera de los registros oficiales: juntas de acción comunal, iglesias, colectivos, empresarios que despacharon camiones sin esperar convenio. En el Tolima, cuerpos de bomberos de Boyacá, Huila, Caquetá, Valle y Cundinamarca cruzaron fronteras departamentales para apagar un fuego que no era suyo, y comunidades campesinas hicieron líneas de control con machete y mochila de agua.

Esa reserva moral es real y es nuestra. Pero la solidaridad es un impulso: llega rápido, se agota rápido y no construye nada por sí sola. Lo que viene ahora exige otra cosa.

El problema no es el dinero: es la capacidad de gestionarlo

El Gobierno calcula el costo de la reconstrucción en cerca de 30 billones de pesos y creó un fondo para canalizarla. Más de 150.000 viviendas averiadas, cerca de 3.500 destruidas, casi 600 edificios colapsados, más de 320.000 personas afectadas en 16 departamentos. Puesto en términos de gestión, eso no es un programa: es el portafolio de proyectos más grande que este país haya administrado en décadas, ejecutado simultáneamente en cientos de municipios con capacidades institucionales desiguales.

Y ahí está el riesgo verdadero. En Colombia rara vez fallamos por falta de recursos anunciados; fallamos en la ejecución. Fallamos en la línea base, en la trazabilidad, en la contratación, en el seguimiento. Fallamos porque el municipio que recibe los materiales tiene tres funcionarios y ninguna oficina de gestión del riesgo con dientes. Fallamos porque medimos toneladas entregadas en lugar de familias que efectivamente volvieron a dormir bajo techo seguro.

Al fondo de reconstrucción lo llamaron Milagro. El nombre es simpático y revela más de lo que quisiera: seguimos esperando que el desastre se resuelva por gracia y no por método. Un milagro no tiene cronograma, ni indicadores, ni responsable con nombre propio. Un proyecto sí. La diferencia entre una cosa y otra, dentro de dos años, será la diferencia entre barrios reconstruidos y una auditoría más.

Pido tres cosas concretas, verificables por cualquier ciudadano: que el diagnóstico estructural vivienda por vivienda se publique como dato abierto; que exista un tablero público de avance (cuántas familias diagnosticadas, cuántos kits entregados, cuántas viviendas efectivamente habilitadas, con qué costo unitario); y que cada peso del fondo tenga trazabilidad hasta el municipio. No es desconfianza: es lo mínimo que exige administrar plata pública en un país que ya vio cómo se saquearon los recursos de una emergencia anterior.

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La estrategia de autorreparación asistida puede ser buena si la palabra clave es asistida. Entregar materiales sin acompañamiento técnico permanente no es empoderar a la gente: es trasladarle el riesgo a quien ya lo perdió todo. Que la casa reparada resista el próximo sismo depende de un ingeniero presente, no de un kit bien intencionado.

El Tolima arde y casi nadie lo llama desastre

Mientras tanto, en nuestro departamento el fuego consumió cerca de 20.000 hectáreas, destruyó medio centenar de viviendas y dejó a más de 18.000 cabezas de ganado sin pasto. Los precios en las plazas de mercado ya lo están sintiendo. Y sin embargo la emergencia del Tolima ha sido tratada como noticia regional, no como lo que es: la manifestación local de un problema que se repetirá cada temporada seca, con más intensidad.

Aquí conviene ser franco. La mayoría de estos incendios no son un capricho de la naturaleza: empiezan en quemas para renovar potreros, en basuras, en descuidos, en una relación con la tierra que no hemos querido revisar. Y se combaten con cuerpos de bomberos voluntarios que sostienen la seguridad del departamento con presupuestos de subsistencia, pidiendo por radio y por redes que les manden un helicóptero.

Pedir apoyo helicoportado en plena crisis es necesario. Pero es la confesión de que llegamos tarde otra vez. La prevención es invisible, no sale en fotos y por eso no se financia. Un peso puesto en brigadas forestales entrenadas, en detección temprana, en asistencia técnica agropecuaria para eliminar la quema como práctica, ahorra decenas en atención. Eso no es ambientalismo: es aritmética.

Y nosotros, ¿qué?

Este país tiene la costumbre de delegar la tragedia. La reconstrucción es del Gobierno; el fuego, de los bomberos; la ayuda, de quien tenga camión. Es una forma cómoda de participar sin comprometerse.

El sector privado tiene aquí una oportunidad que va más allá del cheque: los compromisos de vivienda anunciados por grandes grupos empresariales valen, pero valdrán mucho más si se traducen en cadenas de valor que compren a proveedores locales, contraten mano de obra chocoana y tolimense y sostengan la presencia cuando las cámaras se hayan ido. Responsabilidad social no es donar en agosto; es no desaparecer en noviembre.

La academia tampoco puede quedarse en el comunicado de solidaridad. Tenemos universidades con capacidad para hacer veeduría técnica, evaluar costos, formar en gestión del riesgo y acompañar a las alcaldías que no tienen con qué formular un proyecto. Eso es extensión universitaria de verdad.

Y la ciudadanía tiene una tarea menos épica pero decisiva: preguntar dentro de seis meses, cuando ya no sea tendencia. Los desastres se olvidan en el mismo orden en que ocurren.

Como sociedad no nos vamos a medir por lo que sentimos estos días. Nos vamos a medir por lo que institucionalicemos. Que la reconstrucción del Chocó deje capacidad instalada y no solo obras. Que el Tolima salga de esta temporada con un sistema de prevención y no con una anécdota de humo. Que la próxima vez la respuesta no dependa del corazón de la gente, sino de la competencia de sus instituciones.

Lo demás sería confiar en un milagro. Y los milagros, hay que decirlo, no tienen indicadores de cumplimiento.

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