Por: Francisco Suárez

Colombia vuelve a mirarse en el espejo de sus emergencias, la solidaridad sostiene la vida, pero solo la prevención puede impedir que cada tragedia nos encuentre empezando de nuevo.

A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, la tierra se movió bajo San José del Palmar, en Chocó. En cuestión de segundos, la rutina se convirtió en incertidumbre, saber si la familia estaba bien, buscar una salida, reconocer una casa que ya no parecía la misma, al mismo tiempo, en las montañas del Tolima, otras comunidades miraban el cielo cubierto de humo y esperaban que el viento no acercara las llamas a sus cultivos, sus animales o la quebrada de la que depende la vereda. El temblor y el fuego tienen naturalezas distintas, pero dejan una pregunta común ¿Qué tan protegida está realmente la vida en nuestro país?

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el terremoto tuvo magnitud 7,4, una profundidad aproximada de 103 kilómetros y epicentro en San José del Palmar. El balance de la UNGRD divulgado el 21 de agosto registraba 321 personas fallecidas. Detrás de ese número no hay una estadística abstracta, hay familias que tendrán que aprender a vivir con una ausencia, comunidades que perdieron lugares de encuentro y personas que, aun cuando su vivienda permaneció en pie, seguirán sintiendo miedo cada vez que una puerta vibre.

En el Tolima, la emergencia seguía viva, Cortolima informó que, en la mañana del 21 de agosto, permanecían activos 20 incendios en 11 municipios y que las imágenes satelitales estimaban 15.357 hectáreas afectadas. Entre los territorios reportados estaban Ortega, Coyaima, Guamo, Chaparral, San Luis, Suárez, Coello y Alvarado. En ese mismo corte, 12 de las 13 fuentes hídricas monitoreadas mostraban descenso, los inventarios de viviendas, cultivos y familias continuaban en consolidación, de modo que no corresponde convertir cálculos preliminares en verdades definitivas. Basta comprender que el daño no termina cuando se apaga la última llama, permanece en el suelo, en el agua, en la cosecha perdida y en la incertidumbre de quien vive de la tierra.

Los desastres no afectan a todos de la misma manera, una familia con una construcción resistente, ahorros, transporte y un hospital cercano enfrenta la emergencia desde un lugar diferente al de un hogar rural al que solo conduce una carretera deteriorada y donde la ayuda tarda horas en llegar. En Chocó, la vulnerabilidad vuelve a cruzarse con el abandono histórico de comunidades afrocolombianas e indígenas. En el Tolima, el incendio encuentra a campesinos que muchas veces combaten el fuego con herramientas prestadas y agua transportada en recipientes domésticos, la naturaleza origina la amenaza, la desigualdad decide buena parte de sus consecuencias.

Por eso la discusión no puede reducirse a preguntar quién apareció en la fotografía de la emergencia, Colombia sí cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, protocolos, organismos técnicos y planes territoriales. Cortolima, por ejemplo, había socializado en junio un plan de contingencia con las alcaldías y establecido medidas preventivas frente al uso del fuego, el problema no es solamente si el plan existe, sino si cuenta con presupuesto, equipos, personal entrenado y capacidad real para funcionar cuando la emergencia supera el papel.

También sería injusto desconocer la respuesta que sí se produjo, después del terremoto, el Gobierno nacional activó la Sala de Crisis y el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, movilizó equipos de búsqueda y rescate y coordinó capacidades aéreas y terrestres. La Gobernación del Tolima declaró la calamidad pública, instaló puestos de mando y gestionó apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía, el Ejército y los organismos de socorro, Cortolima desplazó personal y equipos, mientras varias alcaldías organizaron albergues, centros de acopio y atención local.

Reconocer lo anterior no obliga a guardar silencio sobre lo que falta, la propia directora de Cortolima admitió el 17 de agosto que los planes y la articulación institucional eran insuficientes ante la carencia de recursos, elementos y condiciones operativas. Esa advertencia debería interesarnos más que cualquier disputa partidista, cuando el terremoto y los incendios exigen al mismo tiempo aeronaves, maquinaria, rescatistas, médicos y ayudas, quedan expuestas las costuras de un sistema que todavía depende demasiado de reaccionar y no siempre logra anticiparse.

¿Estamos construyendo un país preparado para enfrentar los riesgos o uno que solamente aprende cuando la tierra tiembla y los bosques arden? ¿Los municipios cuentan realmente con cuerpos de bomberos, equipos, recursos y planes suficientes? ¿La prevención recibe la misma atención política y presupuestal que la respuesta a una tragedia? La responsabilidad pública no consiste únicamente en llegar durante la emergencia. También significa prevenir, financiar, preparar, coordinar, comunicar y acompañar. Significa proteger las cuencas, mantener las vías, vigilar las construcciones, educar a las comunidades y explicar con transparencia qué ayuda llegó, cómo se distribuyó y qué falta por hacer.

En estos días también hemos visto lo mejor de Colombia. Bomberos exhaustos que continúan en la montañas, socorristas, integrantes de la Fuerza Pública y profesionales de la salud que trabajan sin preguntar por la filiación política de quien necesita ayuda, campesinos, guardias indígenas, comunidades afrocolombianas, jóvenes y voluntarios que cargan agua, preparan alimentos o prestan un techo. Empresas, organizaciones sociales y ciudadanos han donado herramientas, ropa, comida y horas de trabajo, en Ortega, por ejemplo, se abrió un centro de acopio para las familias afectadas por los incendios y el terremoto.

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Esa solidaridad merece gratitud, pero no puede convertirse en la excusa para normalizar los vacíos del Estado, la ayuda comunitaria debe complementar una institucionalidad presente, preparada y eficaz, no reemplazarla. ¿Qué ocurrirá con las familias cuando se apaguen las cámaras, cambie la agenda informativa y comience la lenta reconstrucción? La verdadera respuesta se medirá entonces, en la vivienda segura, el ingreso recuperado, la atención emocional, la restauración de los ecosistemas y la vigilancia sobre cada peso público.

No podemos impedir que la tierra vuelva a moverse ni eliminar por completo la posibilidad del fuego. Sí podemos decidir cuánto daño estamos dispuestos a prevenir, Colombia no debe acostumbrarse a reconstruir lo que pudo proteger ni a depender únicamente de la solidaridad espontánea, lo que debemos aprender de este agosto no es a convivir resignadamente con la tragedia, sino a convertir el dolor en memoria, la memoria en prevención y la prevención en mejores decisiones públicas, la forma más digna de recordar a quienes lo perdieron todo será no esperar otra sacudida ni otra llamarada para empezar a cuidar la vida.

Aviso: Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor y no comprometen el pensamiento editorial de Enfoque TeVé 360. Abrimos este espacio como un ejercicio de libre expresión y pluralidad.