Tras la sentencia que declaró la responsabilidad de la Policía Nacional por los hechos de 2019, los familiares del joven advirtieron que la reparación administrativa no sustituye la necesidad de condenas individuales contra los uniformados implicados.

La familia de Dilan Mauricio Cruz Medina fijó su postura oficial luego de conocerse el fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ratificó la responsabilidad de la Nación por la muerte del joven de 18 años durante las movilizaciones del Paro Nacional en Bogotá. A través de una declaración pública conjunta, el núcleo familiar valoró el dictamen como un reconocimiento institucional, pero enfatizó que la verdadera impunidad del caso se mantiene en los tribunales penales.

Los hechos que originaron este litigio ocurrieron el 23 de noviembre de 2019 en el centro de la capital de la República, cuando Cruz Medina recibió el impacto en la cabeza de un proyectil disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) con un arma de letalidad reducida. Al respecto, la madre del joven manifestó que «como familia recibimos esta decisión con respeto y reconocemos que representa un avance importante en la búsqueda de justicia para mi hijo Dilan». El fallo contencioso-administrativo determina una falla en el servicio por la desproporción en el uso de la fuerza.

La decisión judicial no solo impone compensaciones de carácter económico, sino que ordena medidas de satisfacción pública, entre ellas un acto de excusas gubernamentales presidido por el comandante de la institución policial. Los familiares señalaron que el texto legal «confirma la responsabilidad del Estado, reconoce que existió un uso desproporcionado e innecesario por parte de la fuerza pública, dejando claro que Dilan nunca debió haber sido atacado ni agredido por ejercer su derecho a la protesta social pacífica». Sin embargo, insistieron en que el perdón institucional no equivale al esclarecimiento criminal.

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La crítica central de la familia apunta a la parálisis en las investigaciones que adelanta la justicia ordinaria contra los autores materiales del disparo. «Para nosotros como familia esta no es una justicia completa. Aunque hoy sea un paso importante, seguimos esperando que la Fiscalía General de la Nación avance con la celeridad que este caso se merece en el proceso penal contra el entonces capitán Manuel Cubillos y las demás personas que participaron en estos hechos», sentenció la hermana de la víctima, quien advirtió que la impunidad penal desdibuja el alcance del fallo administrativo.

Finalmente, los allegados recalcaron que el precedente sentado por el Tribunal de Cundinamarca debe traducirse en garantías reales para los ciudadanos que participan en futuras jornadas de movilización ciudadana en el país.

El pronunciamiento concluyó de manera categórica al advertir que «solo cuando se imputen los cargos correspondientes y se determinen las responsabilidades individuales de quienes intervinieron en la muerte de mi hermano Dilan, podremos hablar de una justicia verdaderamente completa».