La investigación integral analizó contratos suscritos hace 10 años, es decir, desde el año 2016.

Durante seis meses la Contraloría General de la República adelantó una rigurosa auditoría a las obras del Acueducto Complementario de Ibagué, obra que en la actualidad está en operación y brinda agua potable a unos 18 mil habitantes especialmente a los barrios del sur y permitió fortalecer el suministro de agua a los usuarios de la zona de expansión.

Dicha auditoría se prolongó por espacio de seis meses donde un grupo calificado de profesionales del ente de control investigó las aspectos técnicos, financieros, administrativos y operativos de este mega proyecto que cuenta con una tubería instalada superior a los 40 kilómetros y que contempló la construcción de una planta de tratamiento en Boquerón y tanques de almacenamiento.

Luego de ese proceso de auditoría la Contraloría concluyó que no hubo hallazgos de carácter penal, es decir no hubo conductas que fueran de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Entre tanto, el ente de control determinó que si hubo 23 hallazgos de carácter administrativo con incidencia disciplinaria y 20 hallazgos con incidencia fiscal por un valor superior a los 10 mil millones de pesos, dichos hallazgos están sujetos a la presentación de un plan de mejoramiento.

Entre los hallazgos administrativos se destacan la compra de tubería en el año 2017 por un contrato superior a los 40 mil millones de pesos, donde se adquirió una mayor cantidad de tubería a la necesaria. Dicho detrimento oscilaría en los $97 millones de pesos.

Asimismo, en el mismo contrato detectó otro hallazgo por un valor de $61 millones de pesos relacionado con los costos administrativos que tuvo el contrato.

En ese mismo contrato del año 2017, se señala un presunto detrimento de $324 millones en lo relacionado con la reconstrucción de pavimento donde los reparcheos elaborados luego de la instalación de tubería presentaron fallas años después.

Asimismo, la Contraloría General de la República consideró que existe un hallazgo administrativo por 86 millones de pesos en lo relacionado a un contrato de interventoría del año 2019 cuyo valor total del contrato superó los $1.500 millones. Ese mismo hallazgo se menciona para otro de contrato de interventoría del año 2018 con un presunto detrimento patrimonial de 427 millones de pesos.

La ‘lupa’ de la Contraloría también se focalizó en un contrato de interventoría del año 2019, el cual señala que se contrató un número de personas por debajo de lo requerido con un posible detrimento de $86 millones.

Para la Contraloría llamó la atención que las cajas de válvulas a lo largo de la tubería se inundan al no contar con un drenaje, por lo que consideró que existiría un posible detrimento superior a los $2.400 millones de pesos. Constituyéndose en uno de los mayores hallazgos de esta auditoría.

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Es bueno recalcar que a lo largo de informe de la Contraloría no se cuestiona que el proyecto no funcione o no esté suministrando agua a los ibaguereños. Los presuntos hallazgos que en total superan los 10 mil millones de pesos están relacionados con algunos aspectos que abarcan la planeación y ejecución de las mismas más no con su funcionalidad.

En el mismo documento conocido por este medio de comunicación se destaca un posible detrimento patrimonial por un valor superior a los $1.500 millones del contrato suscrito en el año 2023 para la construcción del tanque Fiscalía al no quedar registrados en las bitácoras el personal, materiales, alquiler de andamios y equipos utilizados para la ejecución de esta obra que tuvo un contrato general por $7.000 millones. Dicho tanque hoy está operando y brindando agua a la zona de expansión de Ibagué.

En ese mismo contrato por 7 mil millones de pesos, la Contraloría reportó un posible hallazgo por 25 millones de pesos, al considerar que para la dimensión de la obra se calcularon dos maestros de obra cuando la obra, según el ente de control, se necesitaba sólo uno.

Actualmente, el acueducto complementario, una obra de alta complejidad por la topografía del terreno donde se desarrollaron los trabajos, está operando y está aportando agua potable a miles de ibaguereños especialmente en los barrios del sur que anteriormente consumían el vital líquido no apta para el consumo humano.

Ahora, el IBAL deberá presentar un plan de mejoramiento con el fin de subsanar o aclarar los aspectos que son objeto de controversia por parte del organismo de control.