La acción de nulidad advierte presunto incumplimiento del requisito mínimo de experiencia profesional.

Una demanda de nulidad electoral fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Tolima con el propósito de dejar sin efectos la elección de Ana Mireya Morera Yate, actual jefa de la Oficina de Control Interno del municipio de Ortega.

La acción fue presentada por el veedor ciudadano Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, quien sostiene que el nombramiento presenta un presunto vicio de legalidad al no cumplirse el requisito mínimo de experiencia profesional exigido para este cargo.

De acuerdo con la demanda, la funcionaria no acreditaría los 36 meses de experiencia profesional relacionada que establece la normativa vigente para los municipios de quinta y sexta categoría. Según el demandante, tras la revisión de la hoja de vida, únicamente se habrían podido validar 16 meses de experiencia, lo que dejaría un faltante de 20 meses para cumplir con el requisito legal.

El escrito judicial señala que esta situación impediría que la funcionaria ejerza legalmente el cargo durante el periodo 2026–2029, al no reunir las calidades exigidas para liderar los procesos de control interno, disciplinarios y administrativos de la administración municipal.

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Dentro del material probatorio aportado al proceso, el veedor advierte presuntas inconsistencias en certificaciones laborales expedidas por las empresas Etniconsulta SAS y Universoft Edu SAS, las cuales, según la demanda, presentan textos idénticos en su redacción, lo que genera cuestionamientos sobre la validez del tiempo de experiencia reportado.

Asimismo, el demandante plantea que parte de la experiencia pretendida por la funcionaria correspondería al año 2024, periodo en el que se habría desempeñado simultáneamente como contratista en la administración municipal, situación que, de acuerdo con la acción judicial, no permitiría contabilizar la experiencia de manera paralela cuando los tiempos laborales coinciden.

Finalmente, en la demanda se solicitó al Tribunal la adopción de una medida cautelar de suspensión provisional, con el fin de separar de manera inmediata a la funcionaria del cargo mientras se resuelve de fondo el proceso.

Al cierre de esta información, se anunció la existencia de un audio del veedor Gustavo Collazos relacionado con el caso, el cual hace parte del material divulgado públicamente sobre la demanda.