Opinión
Un Matiz de corrupción
Por Carlos Andrés Jurado Vásquez
La representante a la Cámara por el Tolima Adriana Magali Matiz se abstuvo de votar la eliminación de la Ley de garantías en el Congreso. Quizá con ello quiera posar de honesta frente a sus electores, al igual que lo hizo al oponerse a la reforma tributaria del exministro de Hacienda Carrasquilla, incluso en contravía de su propia bancada.
Sin embargo, y justo cuando comenzaba a sonar la canción Ingenuidad de Maía, apareció una columna de opinión de puño y letra de Matiz, en el periódico El Nuevo Siglo. Allí, Adriana Magali, la “Paloma Valencia” del barretismo, no ha dudado en defender la eliminación de la Ley de garantías, argumentando que esta solo era pertinente mientras existía la posibilidad de reelección presidencial, y que, sin ese escenario, carece de sentido que continúen las restricciones a la contratación pública ad portas de elecciones.
En su escueta opinión, a la “Elsa Noguera” del conservatismo tolimense le faltó matizar las múltiples razones por las cuáles abrir la puerta a la contratación en alcaldías y gobernaciones en plena campaña es éticamente impresentable, sobre todo en una región-safari de elefantes blancos, en la que lo más transparente en contratación pública han sido los materiales de construcción de las piscinas olímpicas de Ibagué.
Quizá, mientras redactaba su columna, la “Marta Lucía Ramírez” regional olvidó que en Colombia cada año desaparecen 50 billones de pesos del erario nacional en manos de ladrones de cuello blanco, según datos de la Contraloría General, y que el Tolima figura en el top de departamentos históricamente más corruptos, de acuerdo con un estudio de la Misión de Observación Electoral, MOE.
Este mismo estudio, enfatiza que los alcaldes son los funcionarios que más han Hurtado.
Para la muestra, un botón: en lo que va corrido de 2021, 7 de cada 10 contratos firmados por el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y 5 de cada 10 de los suscritos por el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, han sido asignados “a dedo”, cuando esto solo debería ocurrir en casos excepcionales.
Hablamos de más $114.000 millones de pesos del presupuesto público asignados sin licitación, solo este año y sin contar las cifras similares del año pasado.
Pero, ¿qué cuestionamientos a esas irregularidades se podría esperar de Matiz, cuando ella misma fue cuestionada por la Procuraduría tras desviar fondos exclusivos del alumbrado público hacia dudosos gastos no permitidos, mientras ejerció como gerente de Infibagué hace unos años?
Cabe aclarar que en su afrenta a la honestidad electoral, Adriana Magali no está sola. La acompañan los también representantes a la Cámara por el Tolima Ricardo Ferro, del Centro Democrático; Aquileo Medina, de Cambio Radical; José Elver Hernández (Choco), del Conservador; y Jaime Yepes, de La U, quienes apoyaron con su voto la eliminación de la Ley de garantías, ellos sí de frente, más por cínicos que por sinceros.
La postura laxa sobre contratación estatal de estos congresistas tolimenses podría tener matices discutibles en política; pero en ética, no. El apoyo a la Ley de garantías que refrenda Matiz en su columna, al igual que su pasado y origen político, es un pasabocas de la ética que no tendría si llegara algún día a ocupar la Gobernación del Tolima; un pasabocas no muy distinto del que ya vivimos hoy bajo la administración Hurtado-Orozco, provenientes de la misma ralea que ella.
Un pasabocas con sabor a tamal y lechona trasnochados. Por algo será que estos platos típicos, símbolo gastronómico del clientelismo electoral, son, como Adriana Magali Matiz, un orgullo tolimense.
Diccionario de colombianadas:
Saltar: alzarse con impulso rápido, separándose de donde se está. Por ejemplo: Caterine Ibargüen se alzó con impulso en Tokio, dio vuelta en U y se separó de su origen popular para saltar al Senado por un partido clientelista.
Asalto: En boxeo, cada una de las partes o tiempos de que consta un combate.
En atletismo: cada una de las partes o tiempos de que consta la campaña de una deportista olímpica rumbo a su decadencia ética.
Las columnas de opinión son criterios de su autor y no tiene que ver con la editorial de este medio de comunicación.