Opinión
Un campanazo al agua y la democracia en Cajamarca
Por: Camilo Padilla
Esta semana, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el CEO de Mineros S.A. protagonizaron en Estados Unidos —en el marco de la llamada Milagro Week— una puesta en escena con aire de gran acontecimiento. Entre los anuncios que lanzaron desde Nueva York apareció la promesa de una inversión de 600 millones de pesos para Cajamarca. El episodio exige una lectura sin ingenuidad, porque revela tanto el rumbo económico del gobierno como la desconexión absoluta de quienes pretenden reabrir un debate que la ciudadanía ya cerró en las urnas.
Lo primero que debe decirse es que los hechos hablan más fuerte que los discursos. La política económica de este gobierno avanza de manera cada vez más evidente hacia el extractivismo, el favorecimiento de los ultrarricos, los capitales extranjeros y los banqueros, en detrimento abierto de la clase media y de los trabajadores. La reciente reforma tributaria —maquillada bajo el eufemismo de «ajuste fiscal»— confirma esa orientación: se aprieta el bolsillo de quienes producen y sostienen el país con su trabajo, mientras se tienden alfombras rojas y se ofrecen vitrinas internacionales a los grandes intereses corporativos.
En ese escenario resulta casi grotesca la ingenuidad de Mineros S.A. al creer que un anuncio de 600 millones de pesos —una cifra sencillamente ridícula para un proyecto minero de esa envergadura—, proclamado además a miles de kilómetros de distancia, va a mejorar su imagen o a generar simpatía en Cajamarca. Quienes conocen la historia reciente del territorio saben que AngloGold Ashanti invirtió millones de dólares en gestión comunitaria, apoyo social, programas ambientales y proyectos productivos, y ni siquiera con esa chequera logró doblegar la conciencia social del municipio. Pretender descrestar hoy a Cajamarca con 600 millones de pesos no solo demuestra desconocimiento del territorio: es una subestimación abierta de la inteligencia y la memoria de su gente.
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A ese error de cálculo se sumaría otro desacierto monumental si la empresa insiste en reclutar políticos locales para que dirijan u operen su acción empresarial en el municipio. Ese camino sería el descalabro definitivo de la compañía. La cooptación de intermediarios políticos locales no construye legitimidad social; por el contrario, profundiza la desconfianza, envilece el debate público y termina hundiendo cualquier iniciativa que pretenda imponerse a la comunidad.
Pero lo más grave ocurre adentro, en el plano de la representación política local. Resulta inaceptable que hoy aparezcan actores que ejercen cargos de elección popular sembrando la idea de que existe «incertidumbre» o «dudas» sobre el futuro de la minería en Cajamarca. ¿Cuál incertidumbre? En Cajamarca se realizó una consulta popular legítima, democrática y con pleno respaldo constitucional, en la que la ciudadanía se expresó con un no rotundo contra la gran minería. Quienes ocupan dignidades públicas por mandato del voto ciudadano no tienen ningún derecho a relativizar, embolatar ni poner en entredicho una decisión soberana del pueblo. La consulta popular no es una sugerencia ni un trámite sujeto a conveniencias coyunturales: es un mandato constitucional que se respeta y se hace respetar.
