Por: Camilo Padilla

En los últimos días, la polémica por el proyecto de empréstito presentado por la alcaldesa de Líbano, Beatriz Valencia, ha resonado con fuerza a nivel departamental. La iniciativa busca que el Concejo Municipal autorice un endeudamiento por cinco mil millones de pesos con una entidad financiera para invertir en vías urbanas y rurales; es decir, «a plata blanca», un crédito de gran envergadura.

El debate ha estado marcado por el tinte político más que por el sustento técnico. Poco se han analizado variables cruciales como la capacidad de endeudamiento, los indicadores de solvencia, la articulación con el Plan de Desarrollo, el impacto en el marco fiscal de mediano plazo o las fuentes de pago. En su lugar, el protagonismo se lo han llevado los discursos encendidos en plazas públicas, las incapacidades médicas, los desmayos, los supuestos accidentes de miembros de la mesa directiva e incluso bloqueos para impedir el acceso de los concejales al palacio municipal. Paradójicamente, esta coyuntura ha unido en una misma causa a sectores del Pacto Histórico y a conservadores bajo la directriz de “Niño Bonito”. Para la oposición, frenar el proyecto es un cálculo estratégico: primero, porque la próxima administración asumirá el grueso de la deuda; y segundo, porque estos recursos darían un notable impulso a la gestión de Valencia, especialmente en el sector rural.

Sin embargo, el foco que esquiva la opinión pública es el cúmulo de irregularidades en las que ha incurrido la mesa directiva del Concejo para bloquear el segundo debate. Se ha acudido a maniobras presuntamente ilegales que ya están bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría. A pesar de que la iniciativa pasó por un periodo de sesiones ordinarias y otro de extraordinarias, jamás se debatió ni se votó en la plenaria debido a las triquiñuelas que detallo a continuación:

• Levantamiento injustificado de sesiones: Al menos en seis ocasiones entre mayo (ordinarias) y junio (extraordinarias), la presidencia u otros miembros de la mesa directiva levantaron las sesiones de forma intempestiva bajo el pretexto de que “no hay garantías”. Un argumento contradictorio, pues es la misma mesa directiva la llamada a garantizar el correcto desarrollo de los debates. Lo insólito es que las sesiones se suspendieron sin siquiera haberse instalado, justo en la discusión del orden del día, evidenciando un boicot deliberado para eludir el proyecto.
• Omisión en el trámite de proposiciones: De manera arbitraria, la mesa directiva ha catalogado como “improcedentes” varias proposiciones clave sobre el empréstito y el orden del día. Con esto, violan el conducto regular, que exige someter a consideración y votación cada una de las propuestas radicadas por los cabildantes.
• Convocatoria ilegal a sesiones extraordinarias: La cereza del pastel es la flagrante extralimitación de funciones al emitir una resolución para convocar a sesiones por fuera del periodo ordinario. Dicha facultad es competencia exclusiva de la alcaldesa, por lo que esta acción acarreará posibles consecuencias disciplinarias, si es que el asunto no escala al terreno penal.
• Presunta falsedad ideológica en documento público: La mesa directiva emitió un acto administrativo para aplazar el debate del empréstito, argumentando la existencia de una acción popular en su contra. Posteriormente, se constató que tal recurso judicial era absolutamente inexistente.

Le puede interesar: La Era Abelardo

Para concluir, es difícil saber si la oposición tiene la razón sobre la inconveniencia del empréstito, precisamente porque se impidió el debate en la plenaria. Lo que sí resulta incuestionable es que, en el derecho público colombiano, el fin jamás justifica los medios. Un proyecto de esta naturaleza solo debe hundirse cuando la corporación, en franca y democrática votación, decida negarlo.

Quedan preguntas en el aire: ¿Quién está asesorando a la mesa directiva? ¿Esos asesores asumirán el esquema de defensa en los procesos disciplinarios y penales que se avecinan, o los dejarán solos a su suerte?

Indudablemente, en la política también se cumple el refrán popular: “Un bobo cariado mata la mamá”.