Carlos Díaz, vicepresidente del sindicato Sintrasaludcol, resaltó que a pesar de que se cuenta con fallos de juzgados a favor, la respuesta de las desaparecidas entidades es que no cuentan con recursos económicos para responder.

Una reciente audiencia pública adelantada en el Congreso al Grupo Saludcoop Liquidado revivió el amargo capítulo que protagonizaron más de 500 trabajadores en Ibagué hace cinco años, cuando quedaron a la deriva tras el cierre de la Clínica Esimed.

Esta entidad prestaba sus servicios a la EPS Medimás que también fue liquidada en 2022 y que entró a reemplazar en su momento a Saludcoop.

Aunque ha pasado el tiempo y hay decisiones de juzgados a favor de los trabajadores, los pasivos que dejó Esimed se mantienen y lamentablemente nadie responde.

Carlos Díaz, vicepresidente del sindicato Sintrasaludcol, indicó que son ocho años de reclamos si se tiene en cuenta que el drama comenzó en 2015, época en que dejó de funcionar Saludcoop.

“Nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance tanto a nivel local como nacional, tocamos todas las puertas del Gobierno Nacional, de los organismos de control, pero realmente no fue suficiente”, expresó el sindicalista.

En esa larga lucha por el reclamo de pagos laborales se recurrió a varias instancias, entre ellas las demandas, sin embargo, la respuesta de los liquidadores es que no hay dinero.

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“Las entidades no quieren responder, en este caso Medimás también tiene una responsabilidad solidaria con Esimed y otras empresas, pero ha sido imposible, en la audiencia nos informaron que lo que hicieron fue pagarle a algunos proveedores, pero desconocieron realmente la situación de los trabajadores de la salud”, precisó Díaz.

A la audiencia convocada por el representante a la Cámara, Eduard Sarmiento Hidalgo, asistieron delegados del Ministerio de Trabajo y Salud, al igual que, el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, y organizaciones de trabajadores.

Una de las conclusiones que dejó el encuentro es que el Estado no tendría las suficientes herramientas para obligar a responder a las entidades, pues el reclamo se le está haciendo entidades privadas.

“No entendemos que el Gobierno no tenga entre las competencias la capacidad de llamar a los liquidadores y decirles cómo va el proceso, que sigan como una rueda suelta haciendo lo que quieren con los recursos. En el proceso de liquidación debe haber un organismo del Gobierno que esté vigilando para que esto se dé de la mejor manera”, dijo el vicepresidente del sindicato Sintrasaludcol.