por: Leidy Carolina Torres Hernández – Abogada.

 La evaluación del SETP debe ir más allá de la ejecución presupuestal: debe medirse en tiempos de viaje, cobertura, confiabilidad y calidad del servicio, con información pública sobre contratos, avances y resultados.

En diciembre de 2020, el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué fue declarado de importancia estratégica mediante el CONPES 4017. Seis años después, su implementación sigue poniendo a prueba la capacidad institucional para convertir la planeación y la inversión pública en mejores condiciones de movilidad.

La primera paradoja está en el bolsillo de los usuarios. Entre 2021 y 2026, el pasaje ordinario de buseta pasó de $2.000 a $3.300, un incremento nominal del 65 %. Mientras los ciudadanos pagan más por cada trayecto, la Administración Municipal, todavía debe demostrar que los recursos destinados al sistema se traducen en mejoras concretas del servicio.

Las cifras de demanda también generan interrogantes. Según reportes de El Nuevo Día, el transporte público colectivo pasó de movilizar aproximadamente 230.000 pasajeros diarios antes de la pandemia a unos 170.000 en 2026, una disminución cercana al 26,1 % frente a la cifra inicial. Aunque esta variación no permite atribuir la caída exclusivamente a las deficiencias del servicio, sí exige examinar la evolución de la demanda, las frecuencias, la confiabilidad de las rutas y las condiciones que determinan la elección de los usuarios.

A los retrasos en infraestructura se suman las alertas de la Procuraduría en 2025 por los bajos avances en semaforización, paraderos y rehabilitación vial. En junio de 2026, El Olfato reportó que el contrato de modernización semafórica, por $8.979 millones, acumulaba prórrogas y suspensiones.

También preocupa la estructuración financiera: en 2025 se suscribieron tres contratos por más de $100 millones en conjunto y, en marzo de 2026, se habría contratado otra consultoría por cerca de $300 millones. La ciudadanía merece conocer qué productos se entregaron y cómo se garantizará la sostenibilidad del sistema.

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Seis años después de su declaración de importancia estratégica, el sistema necesita respuestas concretas: qué se ha logrado, qué sigue pendiente, qué decisiones deben corregirse y quién responde por los compromisos incumplidos.

La continuidad de una política pública no puede ser excusa para normalizar las deficiencias del servicio: busetas que dejan de circular a las 9:00 p. m. o antes, recorridos que no se completan y afectan a quienes estudian o trabajan de noche, sillas estrechas e incómodas y una contaminación evidente, con vehículos que dejan densas estelas de humo negro a su paso por la ciudad.

El SETP no puede seguir midiéndose únicamente por los recursos que compromete, sino por los problemas que resuelve. Ibagué no necesita solamente un sistema estratégico en los documentos.  Necesita un transporte estratégico en las calles.

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