La entidad advirtió sobre riesgos fiscales y de sostenibilidad tras un operativo de policía judicial que reveló millonarios anticipos sin legalizar, facturas sin procesar y deficiencias en la contratación.

La Contraloría General de la República emitió una alerta por la crítica situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial que permitió recolectar información clave sobre el manejo de recursos entre 2022 y el primer semestre de 2025. Entre los hallazgos, se evidencian inconsistencias por billones de pesos en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.

Durante el procedimiento, realizado en julio de este año, se recopilaron más de 4.500 archivos relacionados con los componentes técnico-asistenciales, jurídicos, administrativos y financieros de la entidad. La información, no disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud, motivó entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas y análisis forense de imágenes.

Uno de los principales hallazgos señala un incremento del 155% en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024. Para junio de 2025, esa cifra ascendía a $15,27 billones, comprometiendo la liquidez de la entidad. Según la Contraloría, solo en 2024 se acumulan $5,7 billones en anticipos sin legalizar.

En cuanto a facturación, la Nueva EPS reportó más de 22 millones de facturas sin procesar por un valor total de $22,1 billones, de las cuales 9 millones estarían repetidas, representando $8,9 billones. Eliminando duplicados, aún quedarían $13,2 billones sin procesar. El 97% de estas obligaciones corresponden a los años 2024 y 2025.

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Además, se encontró que el 40% del valor total pendiente por procesar se concentra en apenas 36 prestadores de salud, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal ante posibles incumplimientos.

También se identificaron deficiencias en la documentación contractual, con soportes incompletos o ausentes en los contratos suscritos para la prestación de servicios y tecnologías en salud, incumpliendo los requisitos establecidos por el Decreto 441 de 2022.

Otro aspecto crítico es el aumento en las cuentas por pagar, que alcanzan los $21,37 billones al corte de marzo de 2025. Esta cifra, sumada a los anticipos no legalizados y facturas pendientes por procesar, refleja un creciente desequilibrio financiero.

Finalmente, la entidad evidenció una subestimación en las reservas técnicas por $11,1 billones a diciembre de 2024, lo que agrava aún más el panorama.

La Contraloría advirtió que estos hallazgos podrían derivar en procesos de responsabilidad fiscal y serán remitidos a las autoridades competentes para evaluar posibles implicaciones disciplinarias y penales.