El Ministerio del Interior implementará expedientes digitales, plazos definidos y trámites paralelos para destrabar proyectos represados en el país.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó este martes un plan de choque para reestructurar el procedimiento de consulta previa en Colombia, con el propósito de superar el represamiento de expedientes sin alterar el núcleo esencial de este derecho fundamental.

La estrategia contempla la digitalización total de los archivos, la fijación de tiempos de respuesta y la articulación con el sector ambiental para que las consultas y las licencias avancen de manera simultánea en proyectos estratégicos.

Las medidas forman parte de las directrices trazadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, orientadas a brindar transparencia institucional, trazabilidad a los trámites y certeza jurídica a las comunidades y a los sectores productivos.

Medidas y cronograma de implementación

El plan comenzará con la digitalización del 100 % de los expedientes físicos y dispersos, lo que permitirá consolidar un registro único oficial por cada actuación administrativa en curso.

En un plazo de 30 días, el Ejecutivo consolidará un inventario general clasificado por sector, etapa procesal y antigüedad para resolver de inmediato los trámites que se encuentren listos para fallo.

Para los primeros 45 días, entrará en operación una ventanilla digital única destinada a radicar solicitudes de consulta previa y licencias ambientales bajo un mismo canal de seguimiento.

“La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, afirmó Rodrigo Lara al explicar los objetivos de la intervención técnica.

Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, se expedirá un decreto para tramitar de forma concurrente la consulta previa y el licenciamiento ambiental.

La Dirección de Consulta Previa se dividirá en seis áreas sectoriales: hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, ambiental y medidas administrativas; cada una con responsables directos para iniciativas como Sirius y el canal del Dique.

A los 60 días, la entidad activará tableros de control con alertas tempranas y términos perentorios, mientras que a los 90 días se instalará un comité independiente de vigilancia para monitorear expedientes críticos.

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Reglas claras de cierre y respaldo institucional

La reforma suprimirá el test de proporcionalidad con el fin de evitar dilaciones indefinidas una vez concluidas las fases de diálogo con las comunidades.

“No reemplaza el diálogo ni el derecho. Solo evita que, agotada la actuación, el cierre quede suspendido en un trámite adicional sin término. La Autoridad decide con lo que obra en el expediente”, sostuvo Rodrigo Lara.

La reestructuración institucional contó también con el respaldo público del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

“Garantizar la consulta previa como derecho fundamental y, al mismo tiempo, ordenar y hacer más eficiente su procedimiento es avanzar hacia un Estado que protege derechos, pero también ofrece reglas claras, trazabilidad y seguridad jurídica”, señaló Restrepo.

¿Qué sigue?

La meta fijada por el Gobierno es lograr en 90 días una reducción sustancial de los trámites represados mediante decisiones de fondo y cierres procesales definitivos.

El paquete de medidas se formalizará a través de una directiva presidencial, la expedición de decretos reglamentarios y la radicación de un proyecto de ley ante el Congreso para blindar jurídicamente el nuevo modelo.