Un reciente informe de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano y el portal Verdad Abierta llamada “Más allá de los 6.402. Viaje al fondo de los falsos positivos en Colombia” analizó qué ha pasado con uno de los crímenes más degradantes del conflicto armado colombiano: los “falsos positivos”.

A pesar de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha institucionalizado la cifra de 6.402 civiles asesinados extrajudicialmente y presentados como muertos en combate en 30 de los 32 departamentos de Colombia, este número resulta ser icónico y no definitivo frente al total de víctimas. Según la ‘Coordinación Colombia Europa Estados Unidos’, la cifra, al año 2015, ascendía a 6.912 víctimas.

La reciente investigación de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, en conjunto con el portal Verdad Abierta, llamada “Más allá de los 6.402. Viaje al fondo de los falsos positivos en Colombia”, desarrollada a lo largo de 8 meses, trató de construir una radiografía de uno de los crímenes más degradantes del conflicto armado colombiano: los denominados “falsos positivos”.

Según datos entregados por la Fiscalía General de la Nación a los investigadores, de las 4.970 víctimas que entre enero de 2002 y abril de 2023 esta entidad registró, 268 son mujeres y 4.702 son hombres. El 35% tenía entre 27 y 59 años al momento de la desaparición y asesinato; el 21,3% estaba entre los 18 y los 26 años; del 38,6% no se tiene registro. El porcentaje restante corresponde a jóvenes entre 14 y 17 años y a adultos mayores.

No hay información amplia sobre el nivel de escolaridad de las víctimas, lo que revela un gran subregistro frente a uno de los crímenes más complejos del conflicto armado colombiano. Del total de víctimas registradas ante la Fiscalía General, la entidad solo reporta el grado escolar de 327: primaria 210, secundaria 108, técnicos 8, con grado universitario 7, y con posgrado 1 persona.

La entidad reportó a los investigadores las ocupaciones de 2.662 víctimas; sobre las restantes no hay información. Según sus datos, la mayoría de las víctimas de falsos positivos fueron campesinos (1231), seguido de particulares (465), desempleados (267), obreros (108), comerciantes (105) y la lista continúa con vendedores, estudiantes universitarios, auxiliares de conducción, incluso docentes, coteros, mototaxistas, guardias de seguridad, lavadores de carros, entre otros.

Los datos presentados permiten entender que no es posible hablar de un perfil de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pese a que la mayoría corresponde a población vulnerable, habitante de zonas marginadas de las ciudades y los campos del país. Sin embargo, las historias y los datos oficiales analizados por la UIP dan cuenta de una tipología muy amplia.

¿Qué ha pasado con estos casos?

Cuando se conversa con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales una palabra habitual en sus relatos es impunidad. No se equivocan. Datos entregados por la Fiscalía General de la Nación indican que, a 17 de abril de 2023, esta entidad tenía 2.434 investigaciones activas por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o “falsos positivos”, que involucran 4.970 víctimas.

Según las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos que conforman la mesa temática sobre ejecuciones extrajudiciales, en la justicia ordinaria el nivel de impunidad llega casi al 99 % en casos de ejecuciones extrajudiciales. Los datos expuestos de la Fiscalía son prueba de esto. Del total de casos abiertos, 1.316 se adelantan bajo el Sistema Penal Mixto Inquisitivo; y los 1.118 casos restantes bajo el Sistema Penal Acusatorio. En el primer sistema solo 2% de los casos han llegado a juicio; en el segundo el 1%. Hay un vacío en la información entregada por la Fiscalía General respecto al estado del 5% de las investigaciones.

Para víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Justicia Especial para la Paz (JEP) creó una expectativa amplia cuando en junio de 2018 decidió abrir el caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’. Sin embargo, cuando se le pregunta a la JEP qué tanto ha aportado para que las ejecuciones extrajudiciales no queden en la impunidad, la entidad responde a través de un derecho de petición que: “Se han priorizado seis zonas para su investigación: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta (…); fueron escogidas a partir de la contrastación de la información suministrada por entidades gubernamentales y la sociedad civil, además de las versiones que han entregado los comparecientes. Es de aclarar que no existe, entre los seis subcasos, un orden de prioridad; el desarrollo, en cada una de las etapas, corresponde al avance propio de la investigación”.

¿Quiénes son los responsables?

Según la Fiscalía General de la Nación, entre el año 2000 y 2021 fueron indiciados 18.772 miembros de la fuerza pública por el delito de homicidio presentado como baja por la fuerza pública. De ese total, solo 447 han llegado a una etapa de juicio, y 191 a la ejecución de pena. Además, del número de indiciados, 3.890 tiene los casos inactivos.

En la JEP la cuestión tampoco avanza como las víctimas quisieran: En el subcaso Casanare, fueron imputados 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles. En el subcaso Antioquia, ocho comparecientes reconocieron por escrito su responsabilidad por ‘falsos positivos’; en Dabeiba, Antioquia, 10 miembros de la fuerza pública fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad. En el subcaso Casanare, 18 exintegrantes del Ejército reconocieron por escrito su responsabilidad por ‘falsos positivos’. En los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe, se han emitido dos resoluciones de conclusiones, de modo que ya se encuentra en curso el proceso para la imposición de sanciones propias.

Además, la JEP asegura a través de derecho de petición que a la fecha 57 miembros de la fuerza pública han reconocido su responsabilidad en este crimen, y han manifestado en qué unidad militar trabajaban al momento de los hechos. La cifra, sin embargo, no es alentadora, y evidencia los índices de impunidad en las ejecuciones extrajudiciales.

Frente a esto la JEP reconoce que, a la fecha en la que respondió un cuestionario a la UIP (23 de mayo de 2023): “la Jurisdicción Especial para la Paz no ha emitido sentencias en las que se hayan impuesto sanciones propias, alternativas u ordinarias”.

La información no es alentadora; da cuenta de la impunidad que hay en uno de los crímenes más degradantes del conflicto armado colombiano, y del largo camino que les queda a las familias de las víctimas para encontrar justicia en sus casos.