Por: Marco Emilio Hincapié

La protección animal en el Tolima no puede seguir siendo un tema marginal ni tratado como un simple asunto de sensibilidad. Se trata de una obligación ética, social y jurídica: los animales, reconocidos por la Corte Constitucional como seres sintientes, requieren políticas públicas integrales que garanticen su bienestar. La manera en que los tratamos refleja no solo nuestro compromiso con la vida, sino también el nivel de humanidad de nuestra sociedad.

Durante nuestra gestión en la Dirección de Justicia y posteriormente en la Secretaría de Gobierno de Ibagué, entre 2016 y 2018, asumimos este reto con decisión. Al iniciar el gobierno del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, nos encontramos con un Coso Municipal abandonado, en donde los animales eran llevados a morir y no se les prestaba un trato digno. Por eso, fundamos el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), una institución ejemplar en el país que se convirtió en referente para la atención de la fauna doméstica en condiciones de vulnerabilidad.

Gracias al esfuerzo de un equipo comprometido, logramos avances concretos: más de 10.000 esterilizaciones de perros y gatos en condición de calle o pertenecientes a familias de escasos recursos, tanto en la zona urbana como en los 17 corregimientos de Ibagué, a través de la Unidad Móvil Médico-Veterinaria; la implementación de más de 1.000 microchips de identificación en caninos de razas fuertes, medida fundamental para garantizar la tenencia responsable; la adquisición de una Unidad Móvil de Rescate que atendió, con el apoyo de la Policía Ambiental, a más de 3.000 mascotas maltratadas o abandonadas; además de jornadas de adopción y campañas educativas que fortalecieron la cultura ciudadana frente a la protección animal.

Estos logros no pueden quedarse solo en la capital. El Tolima necesita que estas políticas se conviertan en una estrategia departamental, con recursos y voluntad política que permitan llegar a todos los municipios. No podemos permitir que en las zonas rurales y en los cascos urbanos más pequeños, donde la vulnerabilidad animal es aún mayor, los seres sintientes sigan siendo invisibles para las instituciones.

En Colombia, la protección animal ha evolucionado de concebir a los animales como simples recursos o bienes hacia su reconocimiento jurídico como seres sintientes que merecen un trato digno y la protección contra el sufrimiento. Desde la Ley 1774 de 2016, que modificó el Código Civil y el Código Penal, se definió que los animales no son cosas y que el Estado tiene el deber ético y jurídico de protegerlos. Además, por primera vez se tipificaron sanciones penales y administrativas contra el maltrato animal.

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A lo anterior se suman pronunciamientos de la Corte Constitucional, en sentencias como la C-666 de 2010 y la C-041 de 2017, en donde se estableció que los animales son sujetos de especial protección. Eso significa que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de generar políticas públicas para garantizar sus derechos. No es un tema accesorio ni de moda: es un mandato legal y un imperativo moral.

Del mismo modo, la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, y promovida recientemente por sectores alternativos que integran el Congreso de la República, permitió endurecer las sanciones para quienes maltraten o asesinen animales de manera impune.

Por todo ello, el Tolima tiene la oportunidad de ser referente nacional en bienestar animal. Pero para lograrlo, debemos entender que el respeto por los animales no compite con otros temas sociales, sino que los complementa: un municipio que respeta la vida en todas sus formas es un municipio más seguro, más justo y más humano.

Desde nuestra vocación de servicio, continuaremos trabajando por la protección de los derechos de todos los seres sintientes, porque defender a los animales es también defender nuestra dignidad como sociedad.