El ente de control pidió informes sobre convenios con el INPEC y atención a personas privadas de la libertad.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a las alcaldías municipales del Tolima un informe detallado sobre los convenios suscritos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y los recursos invertidos durante 2026 en atención penitenciaria y carcelaria.

El requerimiento incluye información relacionada con alimentación, salud, infraestructura y demás garantías básicas para las personas privadas de la libertad (ppl) bajo responsabilidad de las entidades territoriales.

Según informó el Ministerio Público, la actuación preventiva se originó luego de evidenciar que varios municipios no entregaron o reportaron de forma incompleta la información requerida durante el Primer Comité de Seguimiento Penitenciario Departamental Ampliado.

Le puede interesar: Incrementan a $300 millones la recompensa por alias ‘Chapolo’ en el sur del Tolima

La Procuraduría advirtió que esta situación dificulta el seguimiento a las obligaciones de las administraciones locales frente al sistema penitenciario y carcelario.

Asimismo, recordó que los convenios interadministrativos con el INPEC son fundamentales para garantizar el traslado oportuno de personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía y centros transitorios hacia establecimientos penitenciarios, evitando posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción Tolima exhortó a los municipios a fortalecer la articulación institucional con el INPEC y la Gobernación del Tolima, así como a cumplir las directrices y órdenes judiciales relacionadas con el sistema carcelario del país.