El Ministerio Público pidió cuentas frente al servicio de alimentación en los 125 establecimientos carcelarios, incluyendo la cárcel de Picaleña en Ibagué.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, resultados frente a las inconformidades planteadas por los directores de los 125 centros Penitenciarios y Carcelarios existentes en el país.

El requerimiento se da luego de que la procuraduría delegada para los Derechos Humanos, realizara visitas a establecimientos como El Barne, La Picota, El Pedregal y La Tramacúa, entre otros, donde pudo establecer fallas en los servicios de alimentación que allí se prestan.

Representantes de esa delegada corroboraron dicha información con los 125 directores de los centros de reclusión del orden nacional existentes en el país, en una reunión organizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, donde estos manifestaron sus inconformidades con el suministro de materias primas (mercado), problemas con la manipulación de alimentos y los horarios para el servicio de alimentación, entre otros.

“El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, asegura la Procuraduría en su comunicación.

Frente a esta situación la delegada para los Derechos Humanos solicitó a la USPEC el listado de contratistas que prestan dichos servicios, sus supervisores e interventores, fichas descriptivas de cada contrato con sus obligaciones, un recuento de las quejas presentadas por mal servicio y los informes de interventoría sobre sanciones impuestas hasta el momento.

También requirió copia del más reciente informe presentado a la USPEC por el Comité de Salud y Alimentación (COSAL) organismo interno del régimen penitenciario que hace seguimiento al servicio de alimentación en cada establecimiento. Con esta información el Ministerio Público entrará a evaluar qué acciones tomará frente a dicha problemática.

Finalmente, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado a los actores del sistema penitenciario para mejorar la supervisión de los contratos de servicios alimenticios y adoptar las medidas correctivas establecidas por la ley si los operadores incumplen.