Por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos en los que se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Alvarado, Tolima, Yesid Fernando Torres Ramos (2012-2015), el exalcalde (E), Álvaro Palma Orjuela, y ocho exfuncionarios que cumplieron labores de supervisión, por presuntas irregularidades en la contratación de obras civiles, mejoramiento de vivienda de interés social, mantenimiento de vías y rocería, celebrados en la vigencia 2014.

Los demás afectados con la decisión fueron el entonces secretario de Hacienda, Pablo Emilio López Trujillo; los jefes de Planeación e Infraestructura (E), Carlos Fernando Cortés Ayala y César Augusto Martínez, y de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán; la técnica operativa, Magaly Acosta Romero; el técnico administrativo, Víctor Alfonso Gómez Lozano y la secretaria de despacho (C), Dadiana Andrea Peña Hernández.

El ente de control les reprochó la posible participación desde cada una de sus competencias funcionales, en contratos de obra y de prestación de servicios por valor de $60’808.400, en los que al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.

De comprobarse que consignaron hechos contrarios a la verdad en los bilaterales que supuestamente soportaron el desembolso de recursos del erario a un contratista, los exfuncionarios podrían estar incursos en la conducta penal ‘falsedad ideológica en documento público’.

Con estas presuntas actuaciones quienes hacían parte de la administración municipal de Alvarado, pudieron desconocer el principio de moralidad por omitir su función de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y legales que rigen la contratación estatal.

Provisionalmente, las faltas de los implicados fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo.

Los sujetos procesales podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.

Finalmente, el Ministerio Público señaló que surtida la etapa de instrucción se remitirá el expediente a reparto de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, para continuar el trámite procesal de su competencia.