Opinión
PRISIÓN PERPETUA: ¿UNA APUESTA CONSTITUCIONAL?
Por: María del Mar Mejía Rojas
Cada vez que en las noticias anuncian la muerte, violación y maltrato de un o una menor en nuestro país, la piel no para de erizarse, prácticamente nos hierve la sangre, sentimos temor, impotencia, dolor, a eso se le llama empatía.
La empatía es la capacidad que tiene cada ser humano de sentir y ponerse en el lugar del otro, que en pocos casos no se da.
Entonces, cada vez que recuerdo el momento en que leí esa noticia que hablaba de la muerte de Yuliana Samboní, Rosmery Castellón o del menor de tan solo 22 meses que fue golpeado y abusado por su padrastro tantas veces en una semana, que llegó a la muerte, mi primer pensamiento es: ese asesino, desalmado debe morir por todo el sufrimiento que le causó a ese menor. ¿No lo han pensado? El último caso que menciono, fue tan desgarrador que en plena audiencia el abogado defensor del agresor de 19 años de edad, lloró y después expresó haberlo hecho porque pensó en sus hijos.
De igual manera, esos no son más que pensamientos, teniendo en cuenta que en nuestro país la Constitución Política no solamente prohíbe la prisión perpetua sino además, la pena de muerte. Es ese momento, en el que paso de la emoción de indignación a un plano en el que me sitúo en la realidad jurídica y constitucional de mi país, ese país que tiene tratados internacionales firmados para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Cuando tomo distancia de los sentimientos que causan estos actos violentos y hago hincapié en la Constitución, tengo sensaciones encontradas, especialmente, porque en mis clases de Derecho Penal, algún día en mi Universidad de Ibagué, mis profesores siempre me dijeron que en el ordenamiento jurídico colombiano existían garantías para los procesados, tanto para la víctima como para el victimario y que así alguien hubiera cometido un delito seguía siendo sujeto de derechos y por lo tanto un ser humano cobijado por la llamada dignidad humana y hoy sigo creyendo en ello. Especialmente mis docentes me dejaron claro que el proceso penal no se rige por emociones sino por derechos legalmente constituidos, donde existen garantías para unos y otros.
Es entonces cuando más allá de ver la forma ruin y cruel de como hubiesen podido maltratar, violar y asesinar a un menor de edad, como Abogada y Especialista en Derecho Público, mis pre conceptos me obligan a posar mis ojos sobre el Estado Social de Derecho reconocido en nuestra actual constitución desde 1.991 y en la dignidad humana.
Y surgen entonces una serie de interrogantes como por ejemplo ¿la dignidad del infante que tuvo que soportar tanto dolor es menor que la del agresor?, ¿vamos a premiar al agresor de un niño, niña o adolescente rebajándole las penas y permitiendo que siga en las calles reincidiendo?, ¿endurecer las penas es necesario para disminuir casos de violencia de todo tipo contra los menores?, ¿nuestra cultura nos ha llevado a todo esto?, ¿la educación que imparten en las escuelas no es suficiente?
En Colombia desde el año 2007 el Congreso de la República ha propuesto modificar el artículo 34 de la Constitución Política a fin de permitir la prisión perpetua, sin obtener resultado positivo. En esta oportunidad, es la primera vez que llega a sexto debate siendo aprobado en la Cámara de Representantes y a hoy le quedan faltando dos más ante el Senado y un control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Qué pasará en esos siguientes debates?, ¿La prisión perpetua vista desde la Constitución Política es viable?
Ahora bien, según una reciente noticia publicada en el portal de RCN televisión, se estima que entre el 24 de marzo y el 13 de mayo se este año, 1.125 niños han sido víctimas de abuso sexual, es decir, 22 niños diariamente. Esto teniendo en cuenta que nos encontramos bajo aislamiento preventivo obligatorio y los niños deben permanecer en casa, el lugar más inseguro para muchos de ellos.
Según el INPEC, de 16.200 violadores que se encuentran en la cárcel, 1.380 son re incidentes, ¿se cumple el fin último que es la de la resocialización a través de la pena intramural?
En el periódico El Tiempo del martes 19 de mayo de 2020, “de las 3.348 denuncias que ha recibido la fiscalía a febrero de este año, solo se habían logrado esclarecer (iniciar algún tipo de acción judicial como una captura, imputación de cargos o juicio), el 4,77 por ciento, es decir 75 casos”, lo cual resulta escandaloso, no solo por los pocos casos que se han podido resolver sino además, por la cantidad de denuncias presentadas.
Y es que para nadie es un secreto y más ahora que tanto se habla de “crisis”, que la justicia también está en crisis y no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás, no solo el sistema penitenciario y carcelario sino además la fiscalía y los juzgados penales. Tan solo a partir del 2004 se implementó el nuevo sistema jurídico penal de la ley 906 del mismo año y a hoy, los funcionarios (fiscales y jueces penales), continúan dando trámite a casos bajo la Ley 600 de 2000. En conclusión, nuestro sistema judicial tiene procesos represados de hace más de 16 años, funciona de forma paquidérmica y a veces poco efectiva.
¿Si tenemos un sistema jurídico en crisis, es viable implementar la prisión perpetua, máxime cuando no todos los casos serán iguales y no siempre el supuesto victimario será realmente culpable?, ¿Qué pasaría si por alguna razón buscan culpar a alguien que realmente no ha cometido ningún delito y resulta de por vida en la cárcel, sería justo con esta persona?
Hay dos cosas específicas que debo mencionar: en primer lugar, si desde el año 2007 nuestro Congreso ha clamado por la implementación de la prisión perpetua, el país está conmocionado por los actos violentos realizados contra los niños y reclama un cambio real y drástico y es obvio que debe darse; en segundo lugar, nuestro ordenamiento jurídico es lento e ineficaz, sin desconocer que nuestro sistema acusatorio como la SIJIN, CTI, FISCALÍA si bien es cierto cuentan con las herramientas necesarias para realizar exámenes científicos, atención psicológica y psiquiátrica, no siempre son suficientes.
Es decir, que para poder implementar la prisión perpetua es menester que quienes hoy la impulsan, se comprometan a que a la par de esta iniciativa también realicen y lleven a cabo acciones que fortalezcan el cuerpo de investigadores de la Defensoría del Pueblo, nuestro sistema acusatorio, la SIJIN, CTI, FISCALÍA y además, todo nuestro sistema penal acusatorio. De igual manera, adelanten un proyecto de ley donde se establezcan parámetros claros, con los que se busque fortalecer las 138 cárceles de nuestro país y que la resocialización sea una realidad, trabajen de forma armónica y el país en pleno tenga el mismo desarrollo. Y que no sean compromisos de un momento, sino, que a la par del avance en el proyecto de acto legislativo, se adelante para que sea una realidad.
Además de lo anterior, el Congreso de la República deberá comprometerse a presentar un proyecto de ley donde se planteen acciones efectivas que deberá desarrollar el Gobierno, para transformar el pensamiento y la cultura machista que se vive en nuestro país, a través de la educación, actos concretos que mejoren la salud mental de cada uno de los colombianos que presentan aberraciones al querer violentar, maltratar y torturar a un ser tan indefenso como un niño, niña o adolescente.
Al violar a un niño, se está destruyendo el futuro de nuestro país, llenando a un ser humano de odio y rencor. Al violar, matar y torturar a un menor, seguimos abriendo la puerta al odio y repudio social y a la imitación de estos actos a manos de otros hombres.
