Dos iniciativas clave que endurecen las penas por maltrato y regulan el uso de perros en vigilancia privada, marcando un hito en la protección animal en Colombia.

El presidente Gustavo Petro sancionará las leyes Ángel y Lorenzo, dos nuevas normativas que representan un avance histórico en la protección y el bienestar de los animales en Colombia. El acto oficial se realizará en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

Ambas leyes fueron impulsadas por la senadora Andrea Padilla Villarraga, con el respaldo de legisladores como Juan Carlos Wills, Ariel Ávila, Daniel Carvalho y Ana María Castañeda.

Ley Ángel: castigos más severos contra el maltrato animal

La Ley Ángel actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) y endurece significativamente las penas por maltrato. A partir de su entrada en vigencia, quienes asesinen con dolo a un animal, lo hieran gravemente o cometan actos de abuso sexual, enfrentarán penas superiores a los 4 años de prisión, lo que hace que estos delitos ya no sean excarcelables.

Además, las multas se triplican, llegando hasta 60 salarios mínimos en caso de muerte del animal, y se establecen sanciones adicionales como la prohibición de tener animales, inhabilidad profesional y la creación de un registro nacional de maltratadores, bajo responsabilidad de la Fiscalía y la Policía.

La ley rinde homenaje a Ángel, un perro que fue víctima de extrema crueldad en Saboyá, Boyacá, en 2021, y cuya historia movilizó al país. Ángel falleció en febrero de este año tras una larga lucha por su recuperación.

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Ley Lorenzo: hacia el reemplazo tecnológico de perros de vigilancia

La Ley Lorenzo, por su parte, regula el uso de perros en labores de seguridad privada y busca su sustitución progresiva por tecnología. También establece estrictos estándares de bienestar animal para los perros que aún cumplen funciones de vigilancia.

Inspirada en el caso de Lorenzo, un perro maltratado en el centro comercial Andino de Bogotá, la norma exige que las empresas mejoren las condiciones de descanso, alimentación y protección climática de estos animales. También restringe su edad laboral a 6 años, impone la esterilización obligatoria desde los 6 meses y exige planes de retiro digno para ellos.

Adicionalmente, se ordena la instalación de cámaras en caniles y puestos de trabajo, y se crea un registro nacional de perros de seguridad privada. La vigilancia del cumplimiento estará a cargo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de las autoridades locales.

Con estas leyes, Colombia da un paso firme hacia una sociedad más compasiva y comprometida con la vida animal.