Policías que estarían involucrados en actos de corrupción deberán cumplir medidas privativas de la libertad

Son señalados de realizar capturas ilegales para recibir beneficios y mejorar las estadísticas de la zona que estaba su cargo, y de exigir dinero para no poner a disposición de la Fiscalía a personas capturadas en situación de flagrancia.

La actuación ilegal de un teniente y 11 patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá quedó en evidencia con las denuncias recibidas de la comunidad de la localidad de Puente Aranda, en el centro de la ciudad, y los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación.

Los elementos materiales probatorios indican que los uniformados estarían involucrados en, al menos, 26 hechos delictivos. En ese sentido, se conoció que presuntamente exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial, realizaron detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales, permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y se concertaron con redes delincuenciales para robar cable y comercializar el cobre. Para darle apariencia de legalidad a estas actuaciones ilícitas habrían alterado informes judiciales.

Le puede interesar: A la cárcel presuntos responsables de transportar celulares hurtados en el Tolima

De esta manera evitaron que las irregularidades fueran detectadas por mandos superiores. Asimismo, en el curso de la investigación se identificaron cuentas bancarias ocultas en las que se llegaron a mover más de 200 millones de pesos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentó a los 12 policías ante una juez de control de garantías y los imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Nueve de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y los tres restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.