Por: José Baruth Tafur

La violencia política contra las mujeres sigue siendo una de las expresiones más crudas de desigualdad en Colombia. Y un claro ejemplo es que en pleno 2025, quienes impulsan agendas de protección y equidad sigan siendo blanco de agresiones.

Lo que la Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y la representante a la Cámara Delcy Isaza han puesto sobre la mesa no es un asunto menor: es la evidencia de que liderar desde un enfoque de género implica asumir riesgos que otros no enfrentan.

La mandataria seccional anunció recientemente que expondrá públicamente a quienes cometan violencia política contra las mujeres que ocupan cargos públicos. Su posición responde a hechos concretos: alcaldesas insultadas durante actos oficiales, funcionarias intimidadas, servidoras que han denunciado acoso, burlas e incluso amenazas. Estos no son simples “excesos”; son manifestaciones sistemáticas de un patrón estructural de discriminación y ataque a quienes defienden los derechos políticos de los tolimenses.

Por su parte, en el Congreso de la República, la representante Delcy Isaza quien al revisar lo que ha realizado, encontramos que ha avanzado en la formulación y defensa de marcos normativos orientados a enfrentar formas específicas de violencia de género, como la violencia vicaria. Impulsar una regulación de este tipo implica visibilizar dinámicas que han sido ignoradas durante años: el uso de hijos, hijas o vínculos familiares como instrumento de daño psicológico, emocional o social contra las mujeres. Sin embargo, asumir esta agenda también tiene costos. La congresista ha sido objeto de ataques, cuestionamientos y agresiones precisamente por insistir en que el Estado debe reconocer y sancionar estas violencias.

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Lo que enfrentan Matiz e Isaza no es una disputa personal ni un episodio aislado: es consecuencia directa de asumir la defensa de los derechos de las mujeres en un entorno donde aún hay resistencia a reconocer la igualdad real. Y que ambas sean víctimas de ataques evidencia el tipo de presión que soportan quienes deciden no mirar hacia otro lado.

Por eso, la indignación social no debe quedarse en la denuncia. Se requiere respaldo ciudadano, institucional y político para que estos liderazgos no sean silenciados por la agresión ni por la desinformación. Defender a las mujeres no puede convertirse en una carga individual para quienes se atreven a hacerlo; es una responsabilidad colectiva.

A todas las mujeres que leen esta columna, no están solas. Su voz importa, su presencia transforma y su fuerza colectiva es indispensable para que la violencia deje de ser el costo de participar.

Hoy es momento de convertir la indignación en acción y de respaldar a quienes, desde la Gobernación y el Congreso, insisten en que la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres no son negociables.