Nación
Ministro Jaramillo denuncia que más de 308 mil fallecidos aparecen facturando en el sistema de salud
El titular de esa cartera expuso ante la Corte Constitucional de Colombia inconsistencias en los registros y el uso de recursos.
En una intervención ante la Corte Constitucional de Colombia, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso una serie de hallazgos que han generado preocupación sobre el manejo de los recursos en el sistema sanitario del país. Según el funcionario, existen inconsistencias en los reportes financieros presentados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que incluyen datos que calificó como difíciles de explicar desde el punto de vista médico y administrativo.
Entre los casos señalados, el ministro mencionó cobros asociados a servicios de salud prestados a más de 308 mil personas fallecidas. Asimismo, indicó la existencia de registros de pacientes con múltiples procedimientos de apendicectomía hasta cinco intervenciones por persona y reportes de más de un centenar de cirugías urológicas asignadas a mujeres, situaciones que describió como «estrambóticas».
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Durante su exposición, Jaramillo también defendió la gestión del Gobierno Nacional en materia de financiamiento del sistema de salud. Afirmó que entre 2022 y 2026 se ha incrementado en términos reales la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 22 billones de pesos, lo que, según explicó, representa un esfuerzo fiscal equivalente a cerca del 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, el ministro señaló que persiste una diferencia de aproximadamente 14 billones de pesos identificada por la Contraloría General de la República de Colombia, recursos cuya destinación no ha sido plenamente justificada por las EPS. De acuerdo con sus declaraciones, parte de esta brecha cerca de 4 billones de pesos estaría relacionada con inconsistencias en el reporte de medicamentos y servicios asociados a personas fallecidas.
Finalmente, el jefe de la cartera de Salud sostuvo que el Gobierno ha asumido el pago de déficits acumulados desde años anteriores, vinculados a exenciones y obligaciones no cubiertas por distintos actores del sistema, al tiempo que reiteró la necesidad de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la salud.