MinEducación rechazó la participación política de niños en colegio de Medellín

Luego de conocerse un vídeo de unos estudiantes gritando el nombre de Gustavo Petro, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, recordó que los espacios educativos son entornos para el aprendizaje y el desarrollo integral y por tanto se deben mantener al margen de acciones de proselitismo político en favor o en contra de cualquier candidato.

Ante los hechos presentados en la institución educativa La Asunción en la ciudad de Medellín, donde a través de un video se evidencian niños en un salón de clases aclamando al candidato a la Presidencia de la República Gustavo Petro, el Ministerio de Educación rechazó vehementemente este tipo de conductas en los espacios educativos.

Desde la secretaría de Educación de Medellín ya se avanza en la respectiva investigación disciplinaria que permita esclarecer los hechos y adoptar las sanciones a las que haya lugar en contra de los servidores públicos involucrados en el hecho, de conformidad con la normatividad vigente.

El Ministerio de Educación Nacional, reiteró que los docentes, directivos docentes y personal administrativo, de las instituciones educativas oficiales son servidores públicos y, en tal sentido, deben acatar irrestrictamente el ordenamiento jurídico y actuar bajo los principios en que se sustenta la función administrativa, so pena de las sanciones disciplinarias y penales establecidas en la Ley.

La cartera a través de un comunicado recordó que existen prohibiciones expresas respecto a la participación indebida en política de cualquier servidor público, por lo tanto, no está permitido difundir propaganda electoral a favor o en contra de partido, agrupación o movimiento político, ni acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa o campaña política. Esta última prohibición se hace extensiva a los docentes respecto de los estudiantes, toda vez que la jurisprudencia de las altas Cortes ha indicado que existe una relación de subordinación entre ellos, pues el primero, ostenta, en razón de su autoridad, una posición dominante.

Por otra parte, el Código Penal establece el delito de intervención en política, en el que puede incurrir el servidor público que utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.

Así mismo, se reitera que las Instituciones Educativas y sus sedes, los vehículos oficiales destinados al transporte escolar y demás bienes muebles e inmuebles del sector educativo oficial, no pueden ser utilizados con fines distintos a los expresamente establecidos por la normatividad vigente, y en ningún caso podrán ser usados para el proselitismo político.

El Ministerio de Educación Nacional le recordó a las noventa y seis (96) Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas en educación lo dicho en repetidas oportunidades respecto de la transparencia e imparcialidad que debe existir por parte de los servidores públicos durante los procesos electorales, respetando en todo momento los establecimientos oficiales como un espacio para el aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes

En relación con los hechos o denuncias de las que ha tenido conocimiento este Ministerio de Educación Nacional, es importante informar que las mismas, de conformidad con la normatividad vigente han sido puestas en conocimiento de las Entidades Territoriales que tienen la competencia de dar el trámite correspondiente de manera oportuna.

Para finalizar, el Ministerio de Educación Nacional aclaró que promueve y favorece acciones curriculares y pedagógicas orientadas al desarrollo de sujetos con pensamiento crítico y analítico, pero rechaza cualquier forma de manipulación de niños, niñas o adolescentes en causa política en favor o en contra de candidatos y recuerda que las denuncias en este sentido deben ser puestas en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional, Procuraduría General de la Nacional, Fiscalía General de la Nación, Secretarias de Educación y gobernaciones y alcaldías, y demás autoridades competentes.