Estos senadores y representantes de varios partidos y movimientos políticos, radicaron por cuarta vez ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir, de manera definitiva, la explotación de yacimientos no convencionales y la técnica del fracking en el país, y que ordena, además, la formulación de una “Política de transición energética justa”.

Este proyecto, que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, es producto del trabajo mancomunado entre la Alianza Colombia Libre de Fracking y el renovado Congreso de la República, quienes comparten los propósitos de defender la naturaleza, el agua y la vida; los derechos ambientales de las presentes y futuras generaciones, y de enfrentar de manera efectiva la crisis climática.

Para la Alianza, la iniciativa “es una propuesta coherente con las exigencias de la ciudadanía para alejar los peligros de la explotación de los yacimientos no convencionales y el fracking. La iniciativa garantiza, al mismo tiempo, la continuidad de la explotación convencional de petróleo y gas, que es necesaria para una transición energética justa”. Además, “el proyecto no solo logra blindar los territorios de los conocidos peligros asociados al fracking, sino también los que podrían materializarse con la explotación de arenas bituminosas, que tienen el potencial de afectar delicados ecosistemas de la cordillera oriental y de los llanos”.

Para los congresistas firmantes, “la iniciativa busca también detener los proyectos piloto de fracking que impulsó el Gobierno anterior en Puerto Wilches, Santander, que pasaban por encima de la oposición expresada masivamente por los habitantes, y que ponen en riesgo el agua, la salud y la biodiversidad del Magdalena Medio.” Este proceso, resaltan, “se ha dado en un contexto generalizado de violencia en la región, en el que líderes y lideresas ambientales han sido amenazados e intimidados por denunciar las consecuencias que tendría esta práctica.”

De acuerdo a los coautores del proyecto de ley “llegó la hora de que el Congreso se sintonice con la voluntad de cambio expresada en las urnas por millones de colombianos, que entienden como fundamental la defensa del patrimonio ecológico de la nación”. Agregaron que su propuesta pretende “encaminar al país lejos de la dependencia de los combustibles fósiles y en favor de una economía productiva que potencie la vida como eje esencial de transformación.