Por: Mauricio Gutiérrez

A propósito del descabellado, la desfachatez y el inaceptable accionar del presidente Petro con su regalo de navidad para los vendedores y consumidores de estupefacientes, quiero expresar lo siguiente:

Los derechos humanos en la política de drogas, reconoce que las personas que consumen, cultivan o están implicadas de algún modo en los mercados de drogas son, ante todo, ciudadanos, pero que deben ceñirse por el respeto a los espacios abiertos y públicos, sin afectar o trasgredir la tranquilidad de la ciudadanía en general y claramente sin ir en contravía de las leyes que regulan y prohíben esta materia.

Pues es aquí donde entra a operar el común concepto constitucional, “El interés general, prima sobre el particular”, en este orden de ideas el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tiene sus respectivas restricciones y responsabilidades, en este caso la aplicación de dicho derecho no es absoluto, pues viene la utilización y la necesidad de preservar la SALUD PÚBLICA.

De acuerdo a lo anterior, la política antidrogas debe ir por encima de las malas decisiones de un gobernante, en este sentido, estamos nosotros desde las regiones, llamados a proteger la tranquilidad de nuestros ciudadanos, con acciones contundentes, que respondan ante las malas decisiones, pues de nada servirá el trabajo que realiza nuestra institucionalidad como la Policía Nacional, El Ejército, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de las fiscalías antinarcóticos, que a diario entran en operación arriesgando muchos bienes jurídicos, para aportar grandes resultados, para que prevalezca nuestra SEGURIDAD CIUDADANA.

Debemos luchar, para defender nuestro territorio, para que esté libre de acciones ilegitimas, como el uso activo del comercio de narcóticos, pues nuestros niños, jóvenes, adolescentes y comunidad en general, merecemos seguir avanzando, libre de actos producto del microtráfico.