¿Libertad o censura? Cuando la Ley 2453 se convierte en arma contra el disenso

Por: Luis Antonio Castro, analista político. Abogado especialista.

Tolima enfrenta hoy un episodio que expone con crudeza los límites entre la protección legítima y la manipulación política. La Ley 2453 de 2022, diseñada para erradicar la violencia política contra las mujeres, aparece en escena como el instrumento central de una disputa interna en el Partido Liberal. Lo que debería ser un avance en derechos se convierte, en este caso, en una herramienta para acallar voces críticas.

La representante a la Cámara, Olga Beatriz González, denunció al diputado Carlos Reyes y al Concejal Javier Mora por presunta violencia política de género. Según ella, ambos han impulsado una “campaña sistemática” para eliminarla del escenario electoral. Pero al analizar los hechos, surgen interrogantes legítimos: ¿es esta una denuncia con sustento jurídico, una estrategia para blindarse ante cuestionamientos políticos o un oportunismo que florece en vísperas electorales?

Una ley necesaria, pero vulnerable a distorsiones

La Ley 2453 fue un logro importante para los movimientos feministas y para el país. Por primera vez se definieron claramente los actos de violencia política de género como obstáculos reales a la participación de las mujeres. Se protegieron derechos fundamentales en un escenario históricamente hostil.

Sin embargo, esa protección no puede convertirse en inmunidad frente al disenso. La ley no fue concebida para silenciar diferencias ideológicas, sino para evitar agresiones basadas en el género. En este caso específico, Reyes y Mora han expresado su desacuerdo con la reelección de González, pero sin emitir ataques personales, ni utilizar lenguaje sexista o discriminatorio. Simplemente han dicho: «No estamos de acuerdo con su visión política».

Las declaraciones de González —»Me han querido llevar a la más mínima expresión humana»- buscan conmover, pero no están respaldadas por pruebas claras. Afirmaciones como «han dicho que hay que quemarla» carecen de grabaciones, documentos o testigos que las confirmen. Esto pone en entredicho la legitimidad de la denuncia y plantea un precedente delicado: ¿puede cualquier crítica convertirse en delito?

Una crisis ética dentro del Partido Liberal

La situación ha dejado al descubierto una fractura en el liberalismo tolimense. Mientras Reyes y Mora defienden su derecho a disentir, la representante responde con denuncias que judicializan el debate. El impacto ya es visible: Mauricio Jaramillo, figura histórica del partido, ha renunciado ante el caos interno, dejando una colectividad dividida entre fidelidades personales y proyectos ideológicos.

Lo más preocupante no es el conflicto en sí, sino el mensaje que envía. Si los desacuerdos dentro de un mismo partido derivan en denuncias por violencia de género, ¿qué espacio queda para el debate político? ¿Qué incentivo tienen hoy los líderes —hombres o mujeres— para confrontar ideas si existe el riesgo de que cada palabra sea interpretada como un acto violento?

¿Protección o censura? El verdadero desafío

El debate que hoy vive el Tolima trasciende lo partidista. Pone sobre la mesa una discusión nacional: ¿cómo equilibramos la protección de derechos con la defensa de la crítica política? ¿Cómo evitamos que leyes necesarias terminen utilizadas como escudos ante el escrutinio público?

El pronunciamiento de Reyes y Mora es claro:

«Denunciar diferencias políticas no es violencia de género. Nos quedamos para alzar la voz por un liberalismo de ideas, no de personalismos». 

Y su preocupación no es menor. Si disentir se penaliza, la política se convierte en un terreno de unanimidades forzadas. Se debilita la democracia y se desvirtúa la lucha feminista, que justamente exige igualdad en condiciones de competencia y de evaluación.

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El momento de actuar con responsabilidad

Hoy más que nunca, se necesita actuar con madurez política y claridad jurídica. La Ley 2453 no puede ser secuestrada por cálculos electorales. Utilizarla como herramienta de censura:

• Traiciona a las mujeres que sí enfrentan acoso y exclusión real.
• Desgasta el valor de una ley fundamental para la equidad.
• Empobrece el debate político y fortalece la cultura del miedo.

El Tolima no puede convertirse en un laboratorio de censura disfrazada de protección. El verdadero feminismo no exige blindaje ante la crítica, sino respeto en condiciones de igualdad. Y la democracia no se fortalece silenciando voces, sino garantizando que todas —críticas o afines— tengan espacio para ser escuchadas.

Conclusión

La línea entre protección y censura es delgada, y hoy estamos cruzándola. Defender el espíritu de la Ley 2453 implica evitar su uso indebido. Porque cuando una ley se utiliza para castigar opiniones, el remedio se vuelve veneno.

El desafío está en nuestras manos: o cuidamos el debate político como el corazón de la democracia, o permitimos que el miedo lo convierta en un monólogo forzado. En el Tolima —y en Colombia— no necesitamos más silencios estratégicos: necesitamos más verdad, más pluralismo y más valor para disentir.

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