Se abren tres procesos disciplinarios relacionados con viáticos, comisiones y contratación en la administración local.

La Procuraduría General de la Nación ha abierto tres procesos disciplinarios preliminares contra funcionarios de la Personería Municipal de Ibagué, Tolima, a raíz de presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos durante 2024. Los hallazgos iniciales apuntan a deficiencias en la administración de viáticos, comisiones oficiales y la ejecución de contratos, lo que ha motivado la apertura de las indagaciones.

La Procuraduría Provincial de Ibagué ha ordenado la práctica de diversas pruebas con el fin de esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidades disciplinarias por parte de los servidores públicos involucrados en estos casos. La entidad busca garantizar que los recursos se hayan manejado de manera transparente y conforme a la ley.

Irregularidades en la administración de viáticos

Una de las líneas de investigación se refiere a presuntos anticipos de viáticos superiores a los gastos realmente efectuados, así como la omisión de informes ejecutivos que respalden las actividades realizadas durante las comisiones oficiales. La Procuraduría indaga si existieron excedentes no reintegrados y si faltaron documentos que aseguren la correcta utilización de los viáticos entregados a los funcionarios en comisión.

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Además, se está revisando un informe de la Contraloría Municipal de Ibagué que evidencia deficiencias en la justificación de los gastos realizados y la trazabilidad de los recursos públicos entregados a los funcionarios, que, al parecer, no fueron debidamente documentados ni sustentados con los informes de actividad correspondientes.

Investigación sobre contratos para programas sociales

Otro aspecto bajo investigación son las posibles irregularidades en la contratación directa de dos proyectos destinados a programas de bienestar social y promoción institucional, por un monto superior a los $225 millones de pesos. La Procuraduría indaga si la modalidad de contratación utilizada fue la adecuada, ya que no habría existido la debida justificación técnica para su ejecución.

La Procuraduría General de la Nación ha subrayado su compromiso con la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos, reiterando que las investigaciones se desarrollan respetando los principios de debido proceso y la presunción de inocencia, mientras se determina la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados.