Por: Marco Emilio Hincapié

En los últimos días, Colombia ha vuelto a verse sacudida por la violencia política. El asesinato de Miguel Uribe Turbay se suma a la larga y dolorosa lista de líderes y lideresas sociales que han sido silenciados en los últimos años por sus posturas políticas. No importa la filiación, la ideología o la bandera que representen: quitarle la vida a alguien por sus ideas es un golpe mortal contra la democracia.

Justamente, la democracia se construye respetando las diferencias ideológicas y, sobre todo, la vida. Sin ese pilar, cualquier sistema político se convierte en un cascarón vacío. En el Tolima, como en el resto del país, debe quedar claro: no hay causa que justifique la violencia, sea política, de género, intrafamiliar, o de cualquier otro tipo.

Cada líder asesinado, cada lideresa amenazada, cada comunidad silenciada, representa un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y plural. Es momento de comprender que la paz no se construye solo con acuerdos firmados en un papel, sino con el respeto absoluto por la vida y la diferencia.

En este propósito, desde la Asamblea del Tolima, promovimos iniciativas que buscan consolidar la paz como un principio rector de la vida regional. Entre ellas se destacan la ordenanza que institucionalizó la Semana por la Paz, concebida como un espacio de pedagogía ciudadana y encuentro comunitario en torno al diálogo, la reconciliación y la no violencia, y el Plan de Desarme Voluntario, orientado a reducir la presencia de armas en los territorios y a fortalecer una cultura de convivencia pacífica.

Nuestra lucha por la paz vienes desde hace varios años. En su momento, fuimos promotores por el Sí en el plebiscito por la paz, convencidos de que el fin del conflicto armado solo podía alcanzarse mediante acuerdos de diálogo y de inclusión social. Nuestro papel en este escenario se tradujo en pedagogía ciudadana, encuentros comunitarios y esfuerzos sostenidos para combatir la desinformación que polarizó al país en ese momento.

Del mismo modo, durante nuestra gestión como secretario de Gobierno de Ibagué entre 2016 y 2019, impulsamos un enfoque de seguridad integral que no se limitó al control del orden público, sino que apostó por la prevención social de la violencia. Fortalecimos el trabajo con la Policía y los organismos de control, al tiempo que desarrollamos programas comunitarios para atender problemáticas juveniles, promover la confianza ciudadana y garantizar que la seguridad se entendiera como un derecho ligado al bienestar y a las oportunidades.

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El Tolima necesita hoy un nuevo pacto social en el que la política deje de ser un campo de batalla dominado por clanes y divisiones, y se convierta en un escenario de diálogo, concertación y soluciones reales.

Soñar con un Tolima en paz implica ubicar en el centro la generación de oportunidades: empleo digno, educación de calidad, desarrollo rural, infraestructura moderna y acceso equitativo a los servicios públicos. Solo de esa manera se podrán ofrecer alternativas que impidan que la desesperanza y la violencia sigan ganando terreno.

La condena a los hechos violentos debe ser unánime. No puede permitirse que el miedo se convierta en la regla ni que la indiferencia sea la respuesta. La vida es sagrada y la democracia se fortalece con el debate, no con la muerte.

Hoy más que nunca, el Tolima y Colombia entera deben reafirmar que la paz no es negociable y que la violencia, venga de donde venga, es inaceptable.