Es acusado de presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia del Covid-19. 

La Fiscalía General de la Nación presentó este martes al exalcalde de Cunday (Tolima), Luis Gabriel Pérez Rivera, ante un juez de control de garantías por presuntas irregularidades en tres contratos suscritos durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Las investigaciones han puesto en evidencia serias anomalías en la adquisición de bienes y servicios esenciales para la atención de la crisis sanitaria, que habrían afectado los recursos públicos.

Junto al exmandatario, fueron judicializados también el particular Henry Vásquez Sánchez y los contratistas Henry Smith Guzmán Triana y Germán Torres Pedreros. Los imputados enfrentan cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en provecho propio y a favor de terceros, y falsedad en documento privado. Todos los procesados no aceptaron los cargos presentados en su contra.

El caso se centra en tres contratos que, según la Fiscalía, presentan serias irregularidades y falsificaciones de documentos. El primero de estos fue celebrado el 19 de marzo de 2020, por un valor de 60 millones de pesos, con el objetivo de transportar frijoles a las familias de Cunday. Sin embargo, la empresa contratista a la que se le adjudicó el proyecto, representada por Guzmán Triana, no estaba capacitada para realizar este tipo de trabajo, ya que su naturaleza no correspondía con la actividad de transporte de alimentos. Además, la contratación fue aparentemente justificada con documentos falsos a través de la intermediación de Henry Vásquez Sánchez.

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El segundo contrato, fechado el 26 de marzo de 2020, tenía como finalidad la adquisición de 125 kilos de frijol por un valor de 75 millones de pesos. No obstante, la investigación sugiere que la entrega de los productos fue ejecutada directamente por la Alcaldía y no por el contratista, lo que abre una nueva línea de investigación sobre la correcta ejecución de los fondos públicos.

El tercer contrato, también firmado el 26 de marzo de 2020, estaba destinado a la compra de 15 termómetros digitales infrarrojos por un valor de 8.627.500 pesos. Sin embargo, los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) descubrieron que los termómetros adquiridos no eran adecuados para medir la temperatura humana, ya que eran dispositivos de uso industrial y habían sido utilizados previamente. Además, la empresa encargada de la venta no cumplía con los requisitos para vender este tipo de insumos médicos, ya que su actividad principal era la comercialización de servicios de internet.

La Fiscalía continúa con la investigación de estos hechos, mientras que las autoridades locales y regionales han reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública.