El designado para dirigir el cierre de la cartera estatal implementó dos decisiones iniciales orientadas a la protección de recursos públicos y al control de la gestión previa.

El liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, John Milton Rodríguez, anunció las primeras acciones en el proceso de liquidación de la entidad.

«Iniciamos la actividad liquidatoria por primera vez en la historia de un ministerio del Estado colombiano», afirmó Rodríguez. Señaló que se trata de la cartera «más grande, con cinco viceministerios, 42 dependencias y una planta de 700 empleados», pero también «el ministerio con la más baja ejecución presupuestal en la historia, totalmente ineficiente y que le falló de manera trascendental a la población más vulnerable».

La primera medida consistió en ordenar a todos los funcionarios del Ministerio, del Fondo de Igualdad y a las fiducias “abstenerse de celebrar nuevos contratos y revisar cada uno de los alcances de los contratos existentes», bajo supervisión directa del liquidador. El objetivo, según explicó, es «blindar los recursos públicos y evitar cualquier tipo de contratación sin autorización expresa», en línea con el mandato de liquidación de la entidad. La segunda medida exigió al liquidador saliente, Rafael Rodríguez Ortiz, la entrega completa y verificable de su gestión en un plazo de 15 días hábiles.

El requerimiento incluye inventarios físicos, jurídicos y contables, procesos judiciales, contratación territorial y el estado de patrimonios autónomos como FONIGUALDAD.

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«He alertado a los entes nacionales, entidades de orden nacional y territorial, de tener cuidado en esa circunstancia», afirmó Rodríguez. Indicó que el proceso se adelantará con “convicción ética” y un equipo de alto nivel para proteger el patrimonio público.

Al final, Rodríguez señaló: «Como Liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, hemos adoptado dos primeras medidas para proteger el patrimonio público y garantizar transparencia en este proceso: el congelamiento contractual y presupuestal de la entidad, y el requerimiento formal para la entrega completa, verificable y soportada de la gestión anterior. Iniciamos esta labor con austeridad, diligencia e integridad, conscientes de la responsabilidad que representa este proceso para el país. Nuestro compromiso es claro: proteger lo público y actuar con total transparencia de cara a Colombia».