La actuación involucra a la Secretaría de Tránsito y a la Alcaldía, tras una decisión judicial emitida en junio.

El caso de los tricimóviles eléctricos ‘Maracas’ en San Sebastián de Mariquita llegó a una nueva instancia judicial. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal abrió un incidente de desacato contra la secretaria de Tránsito y Movilidad, Luisa Fernanda Borráez Medina, y requirió a la alcaldesa Martha Lucía Amaya Díaz por el cumplimiento de una tutela emitida previamente.

La actuación está relacionada con un fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, que ordenó a la administración municipal entregar respuestas de fondo frente a las condiciones para la operación y regulación de estos vehículos.

De acuerdo con la información suministrada por el ingeniero Alexander Ontibón Rojas, empresario vinculado al proyecto, la controversia también ha tenido efectos sobre las personas que desarrollaban actividades económicas mediante estos tricimóviles. «Maracas comenzó a operar en Mariquita desde el 2021, no apareció ayer. Existen actuaciones de la propia administración relacionadas con estos vehículos desde esos años y quiero destacar algo que muy pocas veces se cuenta. Entre las personas que encontraron allí una oportunidad de trabajo habría madres, cabeza de familia, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad».

El empresario también cuestionó la existencia de estudios técnicos que, según su planteamiento, deberían sustentar las decisiones adoptadas por la administración municipal respecto a la prestación del servicio. «Nuestra pregunta es muy sencilla, ¿dónde está el estudio técnico que demuestra esta afirmación? Porque no se puede conocer seriamente la necesidad de movilidad de una población simplemente diciendo que existen taxis o algunas bucetas».

Otro de los puntos expuestos por Ontibón está relacionado con la aplicación de las normas que regulan esta clase de vehículos y las condiciones que deben establecer las autoridades territoriales. «Nosotros no estamos pidiendo trabajar por fuera de la ley, estamos pidiendo exactamente lo contrario, que se cumpla la ley, que se hagan los estudios, que se establezcan las reglas, que se organice el servicio, que se proteja la comunidad».

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Según el empresario, el proyecto ha representado una fuente de ingresos para varios conductores y una alternativa de desplazamiento para algunos habitantes del municipio. La administración, por su parte, deberá atender los requerimientos derivados del proceso judicial.

La medida adoptada por el despacho también contempla que la alcaldesa adelante las actuaciones correspondientes frente al presunto incumplimiento señalado en el proceso. El trámite deberá establecer si hubo o no desacato y las eventuales consecuencias jurídicas.

El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, mientras permanece abierta la discusión sobre las condiciones legales, técnicas y administrativas para la operación de los tricimóviles en Mariquita.