La senadora celebró la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

El Gobierno de Colombia emitió un decreto que oficializa la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, después de que no prosperara la corrección de los errores de trámite identificados por la Corte Constitucional en la ley que creó la entidad.

La medida dispone que la cartera pase a denominarse «Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación» y establece el inicio del proceso de cierre, con un plazo inicial de un año. Las funciones del ministerio serán trasladadas a otras dependencias del Estado.

Antecedentes de la decisión

El MinIgualdad fue creado mediante la Ley 2281 de 2023. La Corte Constitucional declaró inexequible esa norma por vicios de procedimiento, principalmente la ausencia de un estudio de impacto fiscal requerido por la Ley 819 de 2003 y el incumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 151 de la Constitución Política.

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El Gobierno intentó salvar la entidad mediante un nuevo proyecto de ley en el Congreso, pero la iniciativa no avanzó. Ante el vencimiento del plazo otorgado por la Corte para subsanar los defectos, se procedió a la expedición del decreto de liquidación.

Declaraciones de la senadora Paloma Valencia

Valencia Laserna (Centro Democrático), quien interpuso la demanda ante la Corte Constitucional que derivó en el fallo, celebró la medida. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Valencia señaló que la liquidación pone fin a “uno de los mayores ejemplos de derroche e ineficiencia” del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según la senadora, la entidad contrató a más de 5.000 personas y creó un fondo paralelo para realizar contrataciones por derecho privado de forma directa. Afirmó que los recursos destinados a las comunidades más afectadas terminaron en burocracia, eventos y saldos en fiducias. Asimismo, estimó que la decisión generará un ahorro superior a un billón de pesos anuales para el país.

Situación de los funcionarios

De acuerdo con reportes previos al decreto, cerca de 600 empleados del ministerio permanecen a la espera de definiciones sobre su situación laboral. El proceso de liquidación contempla la reasignación de funciones y la definición del destino de los trabajadores.

Esta determinación marca el cierre administrativo de una entidad creada como uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno y cuya continuidad quedó bloqueada por la decisión judicial.